El pleno de la Eurocámara ha rechazado este jueves -por una amplia mayoría de 461 votos en contra, 101 votos a favor y 88 abstenciones- la moción de censura planteada por los euroescépticos y la ultraderecha contra el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, por el escándalo desvelado por 'Lux Leaks' de los acuerdos secretos que Luxemburgo firmó con multinacionales para minimizar el pago de impuestos mientras él era primer ministro.
La moción fue promovida por el grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa -en el que se encuadran los eurodiputados del británico UKIP de Nigel Farage y del italiano Movimiento Cinco Estrellas, de Beppe Grillo- y contó con el apoyo de parlamentarios no inscritos, entre ellos la presidenta del Frente Nacional Francés, Marine Le Pen.
Acusaba al propio Juncker de ser responsable directo de las políticas de elusión fiscal
En todo caso, según informa Europa Press, en contra de la moción de censura han votado la gran mayoría de populares, socialistas, liberales, verdes e incluso los eurodiputados de Izquierda Unitaria. Este último grupo trataba de reunir firmas para presentar su propia moción de censura pero finalmente ha votado en contra para no asociarse con la extrema derecha.
¿DE QUÉ SE LE ACUSABA?
El texto de la moción de censura denunciaba que los Estados miembros de la UE han perdido "miles de millones de euros en ingresos fiscales potenciales como consecuencia de los agresivos regímenes de elusión del impuesto de sociedades establecidos en Luxemburgo durante el periodo en el que el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ocupó el cargo de primer ministro".
Además, acusaba al propio Juncker de ser responsable directo de las políticas de elusión fiscal y consideraba "intolerable que una persona responsable de agresivas políticas de elusión fiscal ocupe el puesto de presidente de la Comisión Europea.
El presidente de la Comisión ha llegado a admitir que hubo "excesiva ingeniería fiscal" en Luxemburgo, aunque siempre repite que este tipo de acuerdos existen en 22 Estados miembros y ha dejado las manos libres a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para que investigue si estos acuerdos eran ilegales (ya lo está haciendo en los casos de Amazon y Fiat).
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