- En Andorra no se muestran nombres y dígitos
La captura de pantalla de los detalles bancarios de los Pujol que filtró un empleado de la banca andorrana podría no ser real. La juez de Andorra Maria Àngels Moreno, que está instruyendo el caso de los capitales en el extranjero de la familia del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, sospecha que podría ser un fotomontaje de los Cuerpos de Seguridad del Estado español.
La magistrada se fundamenta en que no se corresponde con el sistema informático de estas entidades, según explica Vozpóuli. El pantallazo en el que la Policía española ha fundamentado la investigación sobre la familia Pujol Ferruolsa muestra dígitos acompañados de nombres y apellidos, sin embargo, las entidades andorranas no muestran todos estos datos asociados. Fuentes de los bancos del país citados por el medio explican que “los números de cuenta y las titularidades se separaron hace años en los sistemas andorranos, precisamente para proteger la privacidad”.
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El sistema bancario andorrano no relaciona nombres y dígitos
En las operaciones de la captura de pantalla se puede leer la fecha, el ordenante, con los nombres de pila como Marta, Oleguer o Pere -los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola- y dígitos correspondientes al destino e importe. En los bancos andorranos esos dígitos no tienen correspondencia con nombres lo que lleva a las autoridades del país vecino a sospechar de que se trata de un montaje, explica el medio.
Las Justicia del principado cree que en las diligencias españolas se pueden haber alterado las pruebas, llegando al extremo de fabricarlas para confirmar las sospechas. Por este motivo, la magistrada andorrana ha pedido al juez español "si en su procedimiento figura un documento procedente de un banco andorrano conteniendo información bancaria" y el origen de la misma.
SUIZA TAMBIÉN RECELA
Vozpópuli recoge que las autoridades suizas también niegan información a España porque desde la investigación no se facilita "ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado". Por todo ello justifican que "no se puede dar curso a la solicitud de colaboración española".
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