- La Audiencia Nacional investigará el caso
- Blesa y Rato gastaron entre 45.000 y 60.000 euros anuales
- Algunos consejeros las siguieron usando tras su marcha de la entidad
Enorme indignación la que está causando en la opinión pública española el que va camino de ser 'caso de las tarjetas' de Caja Madrid.
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INVESTIGACIÓN
Después de que ayer saltara la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado un informe al juez que investiga el 'caso Bankia', en el que se detalla que 86 consejeros y directivos de la caja y Bankia gastaron 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012 con tarjetas no declaradas. Además, se cargaban en un número de cuenta donde las cantidades se anotaban de manera manual.
BLESA
Las denominadas 'tarjetas complementarias' indican que Miguel Blesa, el presidente de la entidad, facturó 436.700 euros. Además, 28 consejeros las siguieron usando tras salir de la entidad. 15 de ellos facturaron 3,8 millones de euros en apenas un mes, justo antes de que Bankia fuera nacionalizada, entre el 26 de diciembre de 2011 y el 26 de enero de 2012.
El informe responsabiliza de la gestión y asignación de estas tarjetas a Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector financiero de Caja Madrid, cesado cuando José Ignacio Goirigolzarri entró como consejero delegado en Bankia.
AUDITOR INTERNO
Precisamente una auditoría interna encargada por Goirigolzarri ha sacado a la luz estas prácticas. Por ejemplo, a Rodrigo Rato le reclamaron la devolución de unos 50.000 euros gastados con estas tarjetas opacas y el expresidente de la entidad devolvió el dinero.
La lista de personas que usaron estas tarjetas incluye tanto a miembros de Izquierda Unida, como del Partido Popular, como de Comisiones Obreras y de UGT, así como a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, o Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey.
DELITOS
El informe de Anticorrupción afirma que se dispuso “fraudulentamente de los bienes de la sociedad, provocando directamente un perjuicio económico” y un posible delito de administración desleal, así como otro presunto delito fiscal y otro de apropiación indebida.
Además, la Fiscalía sospecha que estas prácticas no se reflejaron en las declaraciones de Hacienda, ya que según un correo de directivos de Caja Madrid eran “black a efectos fiscales”.