El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca, implicados en la ‘operación Púnica’. Además, ha impuesto una fianza de 300.000 euros al empresario José Luis Huerta.
El magistrado ha tomado declaración a los tres detenidos este jueves. Aún debe interrogar a otras 14 personas, entre ellas el exsecretario del PP madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia Nacional.
LIBERTAD BAJO FIANZA PARA LOS ALCALDES
En la noche del miércoles, Velasco dictó el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego, y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo de Cubas (PP). Antonio Cándido Ruiz, empleado de Marjaliza, puede eludir la prisión con el pago de 25.000 euros.
Además, el magistrado dejó el libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tienen diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.
Otras seis personas han quedado en libertad sin medidas cautelares: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán, y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.
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