- Aunque las firmas lo niegan, la disposición 20ª de la Ley de Presupuestos abre la puerta a contratos temporales
A nueve meses de las elecciones locales, el Gobierno ha comenzado a dar muestras de que necesita un empujón para remontar en los sondeos electorales. El paro sigue siendo, junto a la deuda pública, el dato macroeconómico que más empaña sus resultados. Por este motivo, algunas fuentes aseguran que el Gobierno ha llamado a empresas sobre las que posee cierto control para que contraten personal o dejen de despedir.
Aunque el discurso del Gobierno es el de “racionalizar el gasto público” y “reducir el número de funcionarios”, lo cierto es que las Administraciones Públicas son los principales empleadores del país. En conjunto, tienen más de 2,5 millones de trabajadores y, a pesar de los sucesivos planes de recorte que han llevado a cabo en todos sus niveles, trece comunidades autónomas han aumentado su gasto en personal.
Según fuentes consultadas, algunas empresas vinculadas al Estado o participadas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industrial (Sepi), han comenzado a poner el freno al despido de personal laboral por petición expresa del Gobierno.
Este movimiento se entendería en un momento delicado en el cual el Ejecutivo ha comenzado a soltar toda su artillería para volver a reconquista al electorado, con mejoras para los funcionarios o la reforma fiscal que devolverá 9.000 millones a los ciudadanos.
De esta manera, aunque no se convoquen plazas para funcionarios para reemplazar a los que se jubilan, tanto las empresas públicas como las participadas por el Estado estarían llevando a cabo contrataciones de personal laboral con peores condiciones que hace unos años o incluso bajo la categoría de becarios para reducir las tasas de paro juvenil.
LAS GRANDES COMPAÑÍAS VINCULADAS AL ESTADO
Entre las empresas señaladas estarían Correos, Aena, Enusa, Renfe y aquellas donde el Estado o el resto de administraciones tengan algún tipo de tentáculo.
Desde la primera aseguran que “Correos no está en una etapa expansiva del empleo, sino de reorganización”. La compañía, que a 31 de diciembre de 2013 tenía 53.264 empleados, ha decidido no despedir a nadie porque “las únicas bajas que existen son por jubilaciones. La edad media de la plantilla supera los 50 años”, recalcan desde la compañía, que no facilita datos de la plantilla actual.
Además, también cuentan con la figura del trabajador fijo-discontinuo, que son aquellos contratados en épocas de mayor demanda o para cubrir las vacaciones de los fijos.
Otras fuentes aseguran que la compañía está aprovechando la situación actual para reemplazar a personal de mayor experiencia y salario por jóvenes con contratos más precarios y que podrían no computar como plantilla al tener contractos en prácticas.
Por su parte, desde la propia Sepi, aseguran que “cada compañía tiene sus perspectivas y tiene libertad para ajustar sus plantillas según sus necesidades y pueden contratar si lo necesitan pero cumpliendo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de 2014 en su disposición 20ª”.
LA DISPOSICIÓN LEGAL
De hecho, la Ley de Presupuestos de 2014, en su disposición número 20 recoge “respecto a la contratación de personal por sociedades públicas mercantiles, fundaciones del sector público y consorcios, se establece, como regla general, que no se efectuarán nuevas contrataciones en 2014”.
Aún así, la diposición prosigue: “De esta regla se apartan dos supuestos que actúan como excepciones: (1) las contrataciones temporales “en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”, y (2) las contrataciones de personal, “funcionario o laboral”, que tenga “una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida” la sociedad mercantil, fundación o consorcio”.
Lo que realmente esconde esta disposición es que cada institución pública puede optar por contratar si justifica, con más o menos argumentos, esos fichajes.
Mientras que las fuentes consultadas de Renfe no han atendido a las peticiones de Bolsamanía, Enusa, la compañía que se encarga de la gestión de los residuos nucleares, asegura que “de acuerdo a su cartera de pedidos”, su plantilla “se adaptará a lo que dispone la Ley de Presupuestos del Estado”. Es decir, que podrá contratar más personal.
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