- Si acata la decisión del TC, la sociedad civil tomará el testigo del proceso
Siete días decisivos para la fecha del 9 de noviembre, cuando Cataluña sigue convocada para votar en un proceso participativo sobre la independencia de Cataluña. En esta última semana, el soberanismo catalán puede ver como el Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite la impugnación del Estado de la segunda consulta impulsada por el president de la Generalitat, como alternativa a la votación ya suspendida.
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El Alto Tribunal decidirá en su pleno ordinario, que se celebra de martes a jueves, si acepta la impugnación del Estado de esta votación. Cuando emita su decisión, que con toda probabilidad dará por buena la petición del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el nuevo 9-N también quedará suspendido.
A partir de ese momento, la postura del Govern de la Generalitat estará entre dos aguas: o bien siguen adelante según el plan previsto, desafiando al TC y colocándose al lado de ERC y otras fuerzas independentistas, o suspenden cualquier acto oficial relacionado con la convocatoria y desarrollo del 9-N. Desde el bloque soberanista, Oriol Junqueras ha manifestado que “sigue convencido“ de que Artur Mas “asumirá sus responsabilidades” y hará todo lo posible para que se pueda votar, pero fuentes cercanas al president no dan por seguro que proceda con una nueva suspensión pesando sobre su cabeza.
La vicepresidenta del Govern no asegura cien por cien que haya urnas
La misma vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha expresado sus dudas en una entrevista en El Punt Avui, donde ha explicado que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo para celebrar la consulta convocada por el presidente Artur Mas.
MAS ACEPTA LA SEGUNDA SUSPENSIÓN DEL TC
Es el escenario más plausible, el president siempre ha dicho que nunca haría nada ilegal y desafiar al Alto Tribunal no entra dentro de sus planes. Cualquier acto oficial, vinculado con el Govern, quedaría anulado, así como la convocatoria en colegios e institutos de la Generalitat y la movilización de funcionarios.
Los Mossos de Esquadra velarían porque se cumpliera la ley y no se colocaran urnas el 9-N. Sin embargo, ante este posibilidad, la sociedad civil, encabezadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural tomarían el testigo y liderarían el proceso participativo. En este contexto, las urnas se acabarían colocando en el lugar más cercano al colegio anteriormente designado y los catalanes podrían votar igualmente, pero en la calle.
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DESACATO AL TC
Es el escenario más incierto. No se descarta que el Estado envíe refuerzo policial para hacer cumplir la sentencia y evitar la votación en los colegios electorales.
Ante esta eventualidad, el Estado se ha cubierto las espaldas y ha pedido al TC que incluya una advertencia directa al president de la Generalitat sobre paralizar los preparativos y las responsabilidades en que puede incurrir de no acatar la suspensión del Alto Tribunal.
El TC debate si incluir una advertencia a Mas
Según La Vanguardia, dicha petición ya ha empezado a discutirse en el seno del TC. La opinión imperante por ahora es no entrar en el rifirrafe de reproches entre el Ejecutivo central y el Govern catalán. Los partidarios de mantenerse al margen argumentan que al pleno no le corresponde efectuar advertencias, al menos no en esta fase inicial de la impugnación, sino actuar estrictamente conforme a las previsiones legales una vez presentado el recurso del Ejecutivo, admitiéndolo a trámite y ordenando la suspensión de todas las iniciativas relacionadas.
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