Las empresas de servicios públicos de Europa no atraviesan su mejor momento. Según Scope Ratings, estas compañías se enfrentan a una “presión sin precedentes” para aumentar el gasto de capital con el fin de hacer frente a los múltiples desafíos que han aparecido en los últimos meses y la intervención pública de los diferentes Ejecutivos europeos no está facilitando sus decisiones de inversión y financiación. "La intervención pública puede arruinar los planes de inversión y la calidad crediticia de las empresas de 'utilities'", aseguran.
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La firma berlinesa recuerda que pronosticó que el aumento de los beneficios en las empresas de servicios públicos y en el sector energético en general provocaría una respuesta reguladora y una fiscalidad adicional. “No obstante, estos impuestos imprevistos no son nuevos", explican, pues “en el sector energético europeo, los impuestos, gravámenes o topes de precios que limitan los beneficios extraordinarios han existido durante muchos años en diversas formas”. Por ello, desde Scope creen que los inversores “no deberían sorprenderse al ver que los gobiernos intentan aprovechar” esta situación para “captar una mayor proporción de los beneficios recurrentes con los precios de la energía disparándose”.
En un informe firmado por Sebastian Zank, responsable de calificaciones corporativas y ESG de Scope Ratings, el experto señala en el caso de España que implementar tasas adicionales, como la subida de 10 puntos del Impuesto de Sociedades que recientemente ha propuesto la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, puede no ser la mejor opción. Así, recuerda que Alemania “se quedó con las manos vacías” tras imponer “una especie de impuesto sobre las ganancias inesperadas o “Brennelementesteuer”; hace más de 10 años con el cambio de rumbo del gobierno respecto a la energía nuclear”; finalmente, “los impuestos tuvieron que devolverse a las empresas que explotaban las centrales nucleares después de que los tribunales declararan que Berlín era culpable de una intervención excesiva en los mercados energéticos”.
“España ha tenido una experiencia similar, con idas y venidas sobre las tasas del sector energético. La concesión de bonos y otras ayudas a los hogares con bajos ingresos que se enfrentan a facturas de electricidad y calefacción más elevadas puede aplicarse rápidamente y con menos controversia”, explica Zank. Con todo, en caso de que se aprobase un nuevo impuesto, “basta con pensar en la probable oleada de demandas de las empresas de servicios públicos que ya han cubierto (vendido a plazo) una gran parte de la capacidad de generación”.
Así, Scope Ratings concluye que, debido a las elevadas necesidades de inversión el sector de servicios públicos, impulsadas por la transición energética y la crisis derivada de los cortes de energía rusa, así como por la inflación y los cuellos de botella en las cadenas de suministro, es “un mal momento para imponer impuestos adicionales”. “Cuando las empresas quieren invertir y los gobiernos introducen incertidumbre, es más difícil ejecutar las inversiones. El peligro es que algunos proyectos dejen de ser viables, incluso con desgravaciones fiscales en forma de deducciones”, subrayan.
Sin embargo, Zank considera que la inversión “puede ser necesaria para avanzar en la transición de Europa hacia un crecimiento más sostenible y la seguridad energética”. “No se puede obligar a las empresas energéticas, incluidas las de servicios públicos, a invertir en proyectos con bajas tasas internas de rendimiento, incluso posiblemente por debajo de las tasas de inflación vigentes”, sentencia este experto.
