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Herbert Smith Freehills, bufete de abogados contratado por Bankia para elaborar un informe sobre el presunto uso irregular de las tarjetas opacas de Caja Madrid, no ve delito en el uso de las mismas, según el documento al que ha tenido acceso 'El Economista'.

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En concreto, el informa señala que “resulta difícil fundamentar la existencia de un posible delito de apropiación indebida por parte de los usuarios de las tarjetas, dado que el preceptor o acreditado verosímilmente podía tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta”.

Por el contrario, la asesoría jurídica del Frob señalaba, en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción, que al haber consejeros o directivos que no emplearon dichas tarjetas “era posible advertir lo indebido en un uso personal o impropio de las mismas”, por lo que apreciaban existencia de delito.

Ahora bien, los abogados de Bankia consideran que “la perspectiva es otra si se examina la conducta de quienes autorizaron o acordaron la utilización de las tarjetas”, pues en este caso no se podría descartar la posibilidad de un delito de administración desleal.

Con todo, el bufete concluye: “La reclamación de las cantidades deberá ejercitarse prioritariamente respecto de los beneficiarios de las tarjetas, o en su caso, a Caja Madrid en relación con las cantidades correspondientes al personal que nunca se integró en Bankia y sólo en su defecto sería aconsejable, de forma subsidaria, una acción contra los administradores que consintieron su disposición”.

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