- Se les puede acusar de cuatro delitos relacionados con el 9-N
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha empezado a tramitar la querella que la Fiscalía del Estado ha interpuesto contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, acusándolos de cuatro delitos relacionados con el proceso participativo del pasado 9 de noviembre en Cataluña.
Se han iniciado los trabajos judiciales, con la constitución de la sala que tiene que decidir sobre la admisión a trámite o no de la denuncia y, por reparto, se ha designado como ponente José Francisco Valls. Informa Ara que se trata de un juez conservador –es miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, muy cercana al PP– y que había sido director de la Escuela Judicial de Barcelona. Se da la circunstancia que Valls fue también el ponente que decidió la inadmisión de la querella contra Mas al mes de marzo presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
El resto de magistrados que forman la sala de admisiones creada “ad hoc” al TSJC para decidir sobre la querella contra Mas y sus consejeras la forman el presidente de la sala de lo civil y penalti y del TSJC Miguel Ángel Gimeno y el magistrado Enric Anglada.
LOS DELITOS
Si los jueces aceptan la querella, Mas y los miembros de su Govern pueden ser acusados de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la celebración del 9-N. Las penas que se podrían llegar a imponer a Mas y a los miembros de su Govern pueden alcanzar los 10 años de inhabilitación.
Sin embargo, hay muchas posibilidades de que el TSJC desestime la querella al considerar que no haya base legal para que el proceso siga adelante, según fuentes cercanas a la Fiscalía consultadas por Bolsamanía.
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Tutela judicial efectiva
Según los juristas interpelados, los fiscales catalanes estaban actuando con la ley en la mano cuando decidieron no proseguir con la querella, ya que “los cuatro delitos de los que se acusa a Mas, Ortega y Rigau, están cogidos por los pelos”. Además, explican que los acusadores públicos catalanes consideran que son cuestiones políticas en las que los juzgados no deben entrar y "no se cumplen los requisitos exigidos por los tipos penales ni por la jurisprudencia para demostrara que las acciones y omisiones realizadas alrededor del 9-N merezcan algún tipo de reproche desde el punto de vista penal".
El siguiente paso es acudir al Tribunal Supremo, donde tiene mayores posibilidades de aceptarse a trámite. Sin embargo, el Alto Tribunal podría dar la razón al TSJC, con lo que el Ministerio Público sólo podría apelar al Artículo 24 de la Constitución por el que podría alegar que su derecho a la tutela judicial efectiva ha sido vulnerado. En caso de llegar a este extremo, la causa acabaría en el Tribunal Constitucional (TC).
Preguntados por esta posibilidad, los juristas interpelados han interpretado que sería una manera de “devolver la pelota al Constitucional, que es donde se ha iniciado todo”. “En el peor de los casos se podría acabar en los tribunales europeos”, explican, aunque reconocen que “sería poco probable”.
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