- Josep Pujol Ferrusola, el único que no tiene problemas con la justicia
Dos jueces de Barcelona, otros tantos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein cercan a la familia de Jordi Pujol i Soley. El mismo ex president de la Generalitat, su esposa, Marta Ferrusola, y seis de sus hijos: Oriol, Jordi, Oleguer, Marta, Mireia y Pere, tienen abiertas causas por delitos que abarcan el blanqueo ce capitales, el fraude fiscal, el cohecho o el tráfico de influencias.
Además, dos familiares políticos de Jordi Pujol padre también están implicados en algunos de estos delitos: Anna Vidal y Mercè Gironés, esposa de Oriol y ex esposa de Jordi Júnior, respectivamente. El único que queda, por el momento, libre de toda implicación es Josep Pujol Ferrusola.
LA CAUSA DEL JUZGADO DE BARCELONA
La más reciente y que se suma al resto de procesos abiertos es la que instruye Beatriz Balfagón, responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, por la que ha citado a declarar como imputados a al mismo Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres de los hijos del matrimonio, Marta, Mireia y Pere.
A los cinco se les atribuye un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales en el marco de un proceso judicial que se inició a raíz de la denuncia presentada por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias. La querella se presentó tras la confesión por carta de Pujol i Soley en la que reconocía haber ocultado fondos en el extranjero durante 34 años, fruto de una herencia.
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Ocultaron 12,4 millones de euros en patrimonio y otros 4,4 millones en rentas
Las imputaciones también han llegado tras las regularizaciones de Hacienda presentadas por algunos de los miembros de la familia que revelaron que Oleguer y Mireia Pujol duplicaron prácticamente su patrimonio en 2012. Varios miembros de la familia ocultaron al fisco 12,4 millones de euros en patrimonio y otros 4,4 millones en rentas. Así, al regularizar sus cuentas, sobre las declaraciones presentadas entre 2010 y 2013, siete miembros de la familia tuvieron que pagar 1.755.508 euros, cifra que contrasta con las declaraciones que presentaron en su día y que, además, les habían salido a devolver. Hacienda les reintegró 7.694 euros.
ORIOL PUJOL Y EL ‘CASO ITV’
Por otra parte, La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga a Oriol Pujol por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, en la causa sobe la concesión irregular de estaciones de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña.
El ex diputado de CiU en el Parlament está en imputado en la causa porque, según la magistrada se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. En el proceso está también imputada su esposa, Anna Vidal, por instrumentalizar algunas operaciones.
LA CAUSA DE LIECHTENSTEIN
Desde el Principado transalpino, el magistrado Michael Jhle investiga si el ex president de la Generalitat ha cometido un delito de blanqueo de capitales. La jueza de Barcelona ha librado una comisión rotatoria a Liechtenstein solicitando información bancaria y financiera sobre Jordi Pujol i Soley y sus familiares más cercanos.
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JORDI PUJOL FERRUSOLA, EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El juez Pablo Ruz de la audiencia Nacional mantiene como imputado al primogénito de los hijos del ex president y a su ex mujer, Mercè Gironés.
Jordi Pujol Ferrusola, blanqueo de capitales y fraude fiscal
Ruz, que mantiene imputado a Jordi por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, investiga las transacciones de 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”. Son las sociedades Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing, propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, los imputados habrían recibido estas "millonarias comisiones no justificadas" por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.
Ruz también interrogó como imputados el pasado 12 de noviembre a los suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, así como a su cuñado, Ramón Gironés Riera.
En un auto dictado en octubre Ruz revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México. Ante el juez, sin embargo, el imputado aseguró el pasado 15 de septiembre que no tenía cuentas en el extranjero.
El proceso comenzó a finales de 2013, cuando se realizó una denuncia por parte de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Ésta aseguró el pasado 17 de enero ante el juez que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.
Y OLEGUER PUJOL FERRUSOLA, TAMBIÉN EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Por último, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz imputa a Oleguer por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias.
Oleguer Pujol Ferrusola, único imputado en su causa
Pedraz, investiga 40 sociedades, intenta aclarar el origen de los fondos con los que se adquirieron 1.152 oficinas de Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones. Además, incluye la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria.
El pasado 23 de octubre el magistrado ordenó registros en distintas viviendas y oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla relacionadas con Oleguer Pujol y su antiguo socio Luis Iglesias, indaga, además, otras transacciones cómo las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
Hasta la fecha, el único imputado es el menor de los Pujol Ferrusola, aunque se investiga la implicación de su socio y la esposa de este, María Zaplana, yerno e hija, respectivamente, del ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana.
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