Fitch Ratings ha calificado la deuda de diez comunidades autónomas. Entre ellas está Cataluña, la cual mejora su nota hasta el 'BBB-' desde 'BB' para reflejar "el historial de fuerte apoyo recibido" y la reducción de las "tensiones políticas con el Gobierno central", según reza un comunicado de la agencia.
Esta nueva nota supone "un aumento del perfil crediticio autónomo" tanto del caso catalán como de las otras siete regiones que han obtenido esa calificación.
En el comunicado sostienen que esta recalificación al alza con perspectiva estable se basa en las nuevas relaciones que hay entre el Gobierno y la Generalitat, con menos "tensiones". Eso sí, sostienen que en caso de que hubiera un nuevo referéndum de autodeterminación y el Ejecutivo aplicara el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno, la financiación regional "se mantendría".
También hablan del cambio experimentado por Esquerra Republicana de Catalunya, que ha adoptado un enfoque "más pragmático" en las negociaciones con el Gobierno en comparación con el anterior Ejecutivo regional.
Junto a Cataluña, Andalucía, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana han sido calificados con la nota 'BBB-', mientras que Madrid se ha quedado en 'BBB' y País Vasco en 'A-'.
La agencia argumenta la decisión en "la disponibilidad de los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Estado para reginanciar la deuda y el posible apoyo excepcional en forma de fondos directos", como el Fondo de Liquidez Autonómica.
Sin embargo, esta calificación de estas ocho autonomías se queda por debajo del fondo soberano español, que tiene una nota de 'A-', ya que "los mecanismos de liquidez conllevan condiciones que no están reconocidas en la Constitución española y, por tanto, están sujetas a la aprobación anual del Parlamento".
La nota 'BBB-' asegura "una calidad crediticia mínima de grado de inversión para el sector con bajas expectativas de riesgo de impago", aunque no está ligada a los movimientos de los bonos estatales, puesto que "se ve muy afectado por la carga agregada de pasivos económicos reforzados del sector y, por tanto, por la ratio de deuda de las administraciones públicas sobre el PIB".
