El ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro tenía la mosca detrás de la oreja con una partida de 6.150 euros de finales de junio. Temía que se hubiera destinado a la preparación del referéndum secesionista de Cataluña, contraviniendo a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional (TC), que a principios del mes de julio suspendió el presupuesto para la votación independentista que se quiere celebrar el 1 de octubre. Precisamente estos miles de euros sospechosos precipitaron la resolución de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno por la que se obliga a la Generalitat a rendir cuentas al Estado semanalmente, bajo castigo, si no cumple, de retirar el Fondo de liquidez Autonómico (FLA) a la región. Por fin la interventora general de la Generalitat ha contestado que no se gastaron en el referéndum.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública había enviado la tarde del lunes un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, advirtiéndola de que podía incurrir en responsabilidades hasta penales si no explicaba a qué obedece el desvío de 6.150 euros del presupuesto. El Departamento que dirige Montoro envió un primer requerimiento a la interventora catalana la pasada semana para que aclarara ese desvío de más de 6.000 euros. Este lunes al mediodía se había cumplido el plazo de tres días sin obtener respuesta, por lo que se le ha enviado un segundo requerimiento para que remita esa información.
En ese segundo requerimiento se recordaba a la interventora que en el certificado semanal que le corresponde emitir hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar procesos refrendatarios, así como "las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".
De igual modo, Hacienda señalaba que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de un referéndum "ilegal".
En el requerimiento, el Ministerio de Hacienda avisaba además que la resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada "será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan”.
RESPUESTA DE LA GENERALITAT
Según fuentes del Departament d’Economia de la Generalitat, la interventora del Govern ha respondido al Ejecutivo y ha explicado que no son para el 1-O, sino para un contrato de mantenimiento de un programado relacionado con procesos electorales que implica Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, explica Rac1.
