Dos juzgados de Contencioso-Administrativo de Madrid han ratificado la suspensión de la moratoria de Madrid Central. El argumento de la deficiencia del sistema de multas no debe primar sobre la protección a la salud y el medio ambiente. Además, el acuerdo municipal (que lo suspendía) no ofrece ninguna alternativa, no justifica que haya sido ineficaz ni argumenta que la medida haya producido un daño mayor del que se trataba de evitar.
La resolución expone que "la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos y en este caso es exigible". El auto, anunciado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid nº 24, y que se adjunta a esta comunicación señala que "se cuentan con los medio suficientes para para depurar las anomalías que se puedan producir en el proceso sancionador, y por ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones".
En el segundo auto, emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid nº 7, contesta al recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Asegura que la Administración local "no ha acreditado de forma clara que las medidas que suponen la zona de bajas emisiones Madrid Central hayan supuesto un perjuicio para el medio ambiente y la salud de las personas". Los autos podrán ser recurridos por las parte en un plazo de 15 días.
La moratoria de sanciones impuesta por el alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP), con el apoyo de Ciudadanos, estuvo vigente durante una semana. Las multas se reactivaron el 8 de julio por decisión judicial. El Ayuntamiento, en sus alegaciones ante el juzgado, justifica la eliminación de Madrid Central por los problemas derivados del sistema de multas. A principios de junio, el consistorio de Carmena tuvo que anular 6.000 multas por errores en los registros.
Aun así el juez Torres Martínez, en su resolución, profundiza "aun admitiendo las deficiencias, reconocidas por la propia administración, la ponderación debe hacerse en favor de los derechos al medio ambiente y a la salud". Y argumenta que no es "necesario establecer una moratoria" por el hecho de que se hayan producido problemas con el sistema de multas.
Además, señala que es la propia administración quien "lo confirma", cuando manifiesta al Juzgado que "ha salvaguardado en todo momento los derechos de los ciudadanos, a través de medidas correctoras, análisis de la actividad sancionadora y anulación de oficio de cuantas sanciones se vieron afectadas".
