• Unidos Podemos cita tres criterios para poder acceder a este tipo de viviendas
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El partido político Unidos Podemos ha propuesto en la mañana del miércoles que las entidades bancarias y la SAREB estén obligadas a ceder las viviendas para el Fondo Social que tengan disponibles y sin ocupar.

Pilar Garrido, senadora de la formación por Guipuzkoa, ha registrado durante la sesión parlamentaria del Senado del miércoles una moción para que el denominado Banco Malo y las entidades bancarias de España estén obligadas a ceder su parque inmobiliario disponible. Tal y como se razona en la moción, a pesar de que el artículo 47 de la Constitución Española recoge el derecho a una vivienda digna, la realidad es que existe en nuestro país “una grave situación de vulneración de derechos y de injusticia social”.

Unidos Podemos cita tres criterios para poder acceder a este tipo de viviendas

El texto, que se ha registrado ante la Comisión de Fomento, argumenta que "ha llegado la hora de realizar otra lectura de la Constitución Española y avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna". En el comunicado ofrecido por Unidos Podemos, se resalta que "ha llegado el momento de escuchar a las voces que se han alzado en la sociedad" y pide más potestad para organizaciones como PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) o instituciones como el Defensor del Pueblo.

Unidos Podemos plantea que el funcionamiento de estas medidas acabarían con el "aparcamiento de viviendas que protagonizan las entidades bancarias", algo que consideran "ilegal tras la normativa europea hipotecaria". En dicha moción se apuntan tres claros criterios para acceder a la vivienda para aquellos colectivos más vulnerables. Por un lado, la iniciativa pretende facilitar los criterios para acceder a la vivienda para aquellos colectivos más vulnerables, incorporando las situaciones de desahucio por imposibilidad de pago del alquiler. En segundo lugar, Unidos Podemos insta a que la SAREB ceda la totalidad de su patrimonio inmobiliario, que ha sido costeado por la propia ciudadanía, al Estado para su gestión. En tercer lugar, la iniciativa de la senadora Pilar Garrido apuesta por establecer la obligación de ceder parte de su parque de viviendas a los “grandes tenedores”.

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