Una 'app' de distribución de medicinas se querella en la AN contra la Agencia del Medicamento por forzar su retirada

La aplicación informática de distribución de medicamentos Telefarmacia ha presentado una querella por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas contra la directora de la Agencia del Medicamento (AEMPS), María Jesús Lamas; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid Luis González y el presidente del Consejo General de Colegios de Farmaceúticos Jesús Aguilar, a quienes acusa de ponerse de acuerdo para clausurar este servicio. La administración ha iniciado el proceso para cerrarlo bajo la acusación de vender medicinas y no sólo distribuirlas.

Ante esta acción administrativa, los responsables de la aplicación han iniciado acciones por tres vías diferentes: mediante un recurso contencioso-Administrativo contra el procedimiento de retirada del servicio; una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y también por vía penal mediante querella ante la Audiencia Nacional. La causa criminal ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 4 cuyo titular, José Luis Calama, tiene pendiente decidir si la admite o no a trámite

La aplicación está dirigida a personas con dificultades para acceder a una oficina de farmacia, en especial dependientes o pacientes con enfermedades graves o crónicas, a quienes se ofrece la realización del encargo a domicilio realizando fotografías de sus recetas o tarjeta sanitaria, que la 'app' pone a disposición de las farmacias.

Sus responsables aseguran que las acusaciones de venta de medicamentos de los que les acusan los colegios de farmacéuticos contra los que dirigen la querella son falsas. En la propia querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, aseguran que no se trata de una venta telemática de medicamentos, "ya que lo único que se produce es un pago digital cuando una persona física (el mandatario) se encuentra físicamente en la oficina de farmacia".

INTERÉS CORPORATIVISTA

La actuación de la administración, según la querella, fue "impulsada por el interés corporativista que persigue el dictado de una resolución impeditiva desde el primer momento, instruida durante el mes de agosto y en el que existen numerosas comunicaciones con la Agencia del Consejo General de Colegios y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid". Esta connivencia determinaría la comisión de los delitos que apuntan los responsables de la 'app'.

Consideran que en este caso ha existido desviación de poder y que la actuación de de la AEMPS fue prevaricadora porque no existe en la 'app' afectada por el proceso administrativo "un solo ejemplo de afectación a las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, pues en todo caso lo que existe es una mayor efectividad de sus derechos como tales".

Insisten en que la 'app' es una innovación que no incide "en ninguna ilegalidad, ni deroga los derechos del consumidor ni coloca al mismo en una posición más desventajosa, sino todo lo contrario", añade el escrito que tiene sobre la mesa el juez Calama.

"Ya desde la perspectiva del presunto delito de prevaricación, indispensable en el concierto, la resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios incurre en varios causas de nulidad y anulabilidad, que son constitutivas de un presunto delito de prevaricación administrativa", defienden los querellantes.

En cuanto al delito de maquinación, defienden que en el caso de Telefarmacia existió "una colusión entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Consejo de Colegios y una concertación para impedir el acceso al mercado de un servicio nuevo (...) utilizando engaño y amenaza, concierto, impulso e intervención absolutamente conjunta, que excede de la simple comisión de una infracción administrativa".