El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial (VPO) a un fondo buitre es ilegal. Así, ha dado la razón a un particular y ha anulado la venta por parte del entonces Gobierno de Ignacio Gónzalez (PP) al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora en 2013.
En concreto, el tribunal ha fallado a favor de ese particular anulando la venta su vivienda. La Ley permite la venta de estos inmuebles si se demuestra que ya no son necesarios para su fin, que es ofrecer una vivienda a las personas necesitadas. Por ello, tras varios meses de de deliberación ha considerado que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) si cumple esta función social de dar alojamiento, y si se produce una venta masiva de pisos protegidos, se pierde.
Hace seis meses, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid decretaba el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas por un presunto delito de malversación referido a la venta de estas viviendas del Ivima al fondo de inversión Azora.
En el auto, el Juzgado acordaba que contra la resolución cabía interponer recurso. La venta al fondo de inversión fue emitida el 29 de agosto de 2013 sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios.
En mayo de 2018, un juzgado de lo Contencioso Administrativo anulaba la venta por el Ivima de estas viviendas. La decisión se adoptaba cuatro años después de que una de los afectadas presentara su demanda. Según la sentencia, esta adjudicación nunca fue debidamente "explicada ni justificada" y tampoco aprobada por el Consejo de Administración de esta institución dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La venta de estos inmuebles por un valor de más de 200 millones de euros al fondo de inversión entra en contradicción con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en opinión del juez que firmaba la sentencia.
