El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a los líderes del 'procés', según el acta de liquidación conocido este martes. Se les reclaman a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según fuentes del órgano contable consultadas. Para Carles Puigdemont pide 1,9 millones y 2,8 millones a Oriol Junqueras.
En concreto, el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Según este documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes. Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas. "Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boyeen, declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.
En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".
