La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá por segunda vez en este año con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme este martes, a fin de retomar el diálogo sobre la modernización del mercado laboral y la modificación de la reforma laboral de 2012 en el punto en el que quedó en marzo de 2020 cuando se paró por la pandemia.
Díaz fue la que anunció la convocatoria de esta mesa tras cerrar ley que regulariza la situación de los repartidores, conocida como 'Ley de Riders'. Con esta nueva mesa de diálogo social, que a partir de la reunión de hoy se prevé que se produzcan semanalmente, se debatirán los aspectos que los agentes sociales y la ministra consideren más lesivos de la reforma laboral de 2012, así como otras cuestiones que forman parte de las reformas enviadas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.
Algunas de las materias que formarán parte de esta mesa, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la 'ultraactividad' y la subcontratación, son 'viejas conocidas', pues los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista en la anterior legislatura.
"Es un enorme reto para el Gobierno y para los agentes sociales. (...) Vamos a estar encerrados, casi como si fuera una oposición, para desplegar todos los efectos, porque nos hemos comprometido ante Bruselas y porque el Gobierno y los agentes sociales quieren abordar estas reformas", subrayó la ministra hace unos días.
Según indicó el Gobierno en las propuestas enviadas a Bruselas, se plantean generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación, reordenando las modalidades de contratación laboral, así como por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.
Respecto a este último punto, el documento remitido a Bruselas por el Ejecutivo apuesta por penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral.
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Al mismo tiempo, el Gobierno aboga por la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como "un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas".
Por otro lado, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.
