El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo para revisar su inhabilitación de un año y medio. Como no tiene derecho a utilizar la palabra durante esta vista, a través de su abogado Gonzalo Boye ha pedido su absolución, denunciando la "falta de imparcialidad" del alto tribunal, según el diario El País.
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Torra fue inhabilitado por desobediencia tras mantener en la fachada del Palau de la Generalitat símbolos independentistas y una pancarta por la libertad de los presos del 1-O. Su defensa ha alegado que era "una crítica" a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas, por lo que los cinco magistrados que componen el tribunal no son objetivos a la hora de juzgarle.
Boye también ha acusado de "falta de imparcialidad" a los miembros de la Junta Electoral Central (JEC), considerando que no era competente para ordenar la retirada de las pancartas. También ha metido en este saco al magistrado instructor y del tribunal que juzgó a Torra, por sus posicionamientos públicos contra el proceso soberanista y sus representantes.
Antes de la vista, Torra denunció en el recurso de casación que quieren apartarle ilegal e ilegítimamente de su cargo. Además, apuntó a una "clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios indicios de constituir una palmaria persecución política" por parte de los denunciantes y del tribunal. Esta misma línea ha seguido su abogado, que ha manifestado la "vulneración" de los derechos fundamentales que considera se han producido sobre su cliente.
TORRA NO CONVOCARÁ ELECCIONES
Después de la vista, Torra ha realizado una declaración institucional desde un centro cultural que tiene la Generalitat en la madrileña calle Alcalá. Desde allí, ha confirmado que mantiene su intención de no convocar elecciones hasta que se produzca su inhabilitación. "No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana", ha remarcado.
Respecto al Tribunal Supremo, ha declarado que ha ido a Madrid "para mirarles a la cara" y ha calificado a los jueces como la representación de un Estado "opresor". "Los aparatos del Estado están activados para apagar el éxito de un proyecto democrático y pacífico", ha indicado. Además, ha anunciado que si finalmente se rubrica su inhabilitación, acudirá a la justicia europea. La justicia española será "derrotada en los tribunales europeos", ha insistido.