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Se suspende el juicio de las preferentes de a CAM. Las dos acusaciones particulares, que representan a más de 1.500 preferentistas en la vista contra los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Dolores Amorós, han pedido el sobreseimiento del juicio que acoge la Audiencia Nacional al considerar resarcido el daño después de que el Banco Sabadell, que compró la caja alicantina por un euro, les ofreciera la recompra de acciones de la entidad.
La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que no ejerce acusación en este procedimiento, ha solicitado que se aplique la doctrina Botín, que establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se archive la causa. De ser así se evitaría la que sería la segunda vista oral en estas dependencias judiciales contra los dos exdirectivos, que ahora se enfrentan a diez años de prisión por delito de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, y la asociación Adicae, que ejerce la defensa de 700 personas, se han retirado en calidad de acusación particular puesto que la mayoría de sus representados se acogieron a este plan propuesto por el Sabadell, y por tanto, carece de sentido acusar por delito de estafa a los dos exdirectivos de la CAM, en tanto este tipo penal requiere que se produzca un perjuicio. Adicae se mantiene como acusación popular.
Diez minutos después del comienzo de la vista, el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la ha suspendido para deliberar sobre las peticiones formuladas y decidir si sigue adelante con el juicio, para el que estaban señaladas nueve sesiones, o archiva la causa.
Las dos acusaciones pedían para López Abad y Amorós ocho años de prisión por el delito de estafa agravado en concurso con delito de publicidad engañosa y otros dos por maquinación para alterar el precio de las cosas, además de una indemnización conjunta y solidaria de 11 millones de euros. Además, solicitaban que respondieran como responsables civiles subsidiarios La Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (heredera de la extinta CAM) y como responsable civil directo Seguros Caser.
"EL ESTADO NO NOS QUIERE PROTEGER"
El letrado Diego de Ramón ha recordado a la salida de la vista que lleva en esta causa diez años cuando el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional, incoó diligencias contra la venta de este producto a clientes minoristas de la caja que buscaba con esta maniobra reforzar su solvencia ante su mala situación financiera.
"Se les vendieron las preferentes como producto de ahorro cuando en verdad era un producto de inversión y además con vencimiento perpetuo, es decir, no había plazo de vencimiento, por lo que podrían estar 3.000 años y no cobrar", ha lamentado el letrado, que ha reconocido que se han visto "forzados a desistir" sin el apoyo de la Fiscalía. "Me siento defraudado y francamente triste porque el Estado es el que nos tiene que proteger", ha añadido.
Por su parte, Manuel Pardos, presidente de Adicae, ha defendido que tendría que haber sido la instrucción de oficio la que comprobara que los 1.600 millones de euros defraudados se devolvieron a las 75.000 familias que adquirieron las participaciones preferentes "con las debidas condiciones de intereses legales".
"Los delitos están ahí, los daños a la sociedad española y a la economía están muy claros y esos no se van a resarcir porque la Justicia española no tiene capacidad para que se juzguen los daños sociales que defiende claramente Adicae, porque las preferentes de la CAM fueron criminales. Hoy la Fiscalía ha adoptado una situación vergonzosa, que es que el fraude de las preferentes no tenga ningún reproche penal, su retirada es arbitraria y sin sentido aunque consigan su propósito, que seguramente lo conseguirán", ha dicho Pardos.
PLAN DE RESARCIMIENTO DE SABADELL
Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, hubo un grupo de damnificados que se acogió a la propuesta de Banco Sabadell de compra de acciones en margen de tiempo de cuatro años con un beneficio final comparable a la cantidad invertida. Un segundo grupo no aceptó el canje propuesto por la entidad y decidió llevar a la causa a la vía penal mientras que otro reducido grupo de clientes llegó a un preacuerdo con la entidad percibiendo una indemnización con quita del 10 por ciento sobre el valor nominal.
Tras la larga instrucción, la magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral el pasado mes de enero contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos. No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.
850 MILLONES EN LA EMISIÓN C
En lo que respecta a la venta de preferentes, la caja alicantina realizó tres emisiones: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.
La comercialización de la serie C a un total de 5.540 clientes se hizo en un momento en el que la Caja de Ahorros del Mediterráneo atravesaba graves problemas financieros, lo que le llevó a ocultar la verdadera situación económica de la caja y a presentar unos balances durante los ejercicios de 2011 y 2012 que reflejaban beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
