La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza por el momento paralizar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, lo que había sido solicitado como medida cautelar por la familia del dictador mientras se resolvía sobre el fondo del recurso que han presentado contra la orden del Consejo de Ministros que inició el proyecto para sacar los restos de la Basílica del Valle, donde se encuentran desde hace 40 años.
A juicio de la Sala, formada por seis magistrados y presidida por el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, el acuerdo del Gobierno del pasado 8 de noviembre, que la familia ha recurrido, no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de Franco ni produce una situación irreversible ni un "daño irreparable" que haga perder la finalidad del recurso, como alegaba la familia. Por ello, y tras dos horas y media de reunión, han decidido no paralizar la exhumación.
Para los nietos del dictador, promotores de la impugnación del acuerdo del Consejo de Ministros, se vienen produciendo "irregularidades" en todo el procedimiento, pues la orden de exhumación consecuencia del decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica, "debiendo tener carácter colectivo respecto de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil, tan solo se ha incoado respecto de los restos mortales" de Franco.
ILEGALIDAD DEL ACTO
El Abogado del Estado afirmaba en un escrito, del que se ha hecho eco Europa Press, que la petición de la familia se refiere genéricamente a la ilegalidad del acto, pero sin concretar las causas. "Y los únicos vicios concretos que se aducen carecen de todo fundamento, pues no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros", añade el documento. Por todo ello, reclamaba al Supremo que no accediese a la petición de la familia de Franco de paralizar el proceso de exhumación mientras se resuelve el fondo del recurso, algo que al final no ha ocurrido.
Sin embargo, los nietos del dictador sostienen que se está aplicando así una política de "caso único", que además afecta a su "derecho a la intimidad personal y familiar", puesto que han "manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo" y aún así, se ha seguido adelante.
