Sumar ha propuesto, en el marco de su programa electoral, una reforma "en profundidad" del sistema fiscal español, que incluye el aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de tal manera que paguen más las rentas que superen los 120.000 euros, hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de grandes empresas y establecer un mínimo en el conjunto de España para el impuesto sobre sucesiones y donaciones que las comunidades autónomas no podrán rebajar.
La formación que dirige Yolanda Díaz pretende dar un impulso a una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. "La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias", defiende el partido en su programa electoral.
En cuanto al IRPF, Sumar plantea un incremento en el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros
UN TIPO DEL 30% PARA RENTAS DEL CAPITAL
En segundo lugar, la formación apuesta por seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectaría a rentas del capital a partir de 120.000 euros para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%.
Además, considera urgente eliminar el actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado y eliminar aquellas deducciones del IRPF "sin justificación económica".
Sumar quiere implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.
El impuesto temporal de este tipo actualmente en vigor y aprobado por el Ejecutivo de coalición grava con el 1,7% a los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; con el 2,1% a los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y con el 3,5% a aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Dado que en un principio este tributo está pensado para gravar el patrimonio de las grandes fortunas durante los años 2022 y 2023, Díaz quiere hacer permanente este impuesto para acabar con la desigualdad y financiar medidas como la 'herencia universal' de 20.000 euros a jóvenes.
UN MÍNIMO EN SUCESIONES PARA TODA ESPAÑA QUE LAS CCAA NO PODRÁN BAJAR
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones Sumar quiere establecer un mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar. "Las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad social", defienden desde la formación.
Además, Díaz plantea una reforma, en profundidad, del impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas. Como medida inmediata promete hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo planteado tanto por la OCDE como por la Comisión Europea.
De esta forma, ninguna empresa tributará por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a los que tenga derecho.
Al mismo tiempo, Sumar plantea la reforma del impuesto debe limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales; revisar las ventajas en la consolidación de cuentas de los grupos internacionales; concretar nuevos criterios para definir el concepto de sede de dirección efectiva; modificar la norma anti-deslocalización, introduciendo el concepto de 'jurisdicción no cooperativa' y concretando el criterio de 'nivel impositivo efectivo considerablemente inferior'.
Mientras se aprueba e implementa completamente esta reforma integral del impuesto de sociedades, la promesa de la formación de Yolanda Díaz es mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras.
También se plantea una reforma de la normativa del impuesto de transacciones financieras, la llamada 'Tasa Tobin', para gravar también las operaciones "más especulativas" que actualmente no están sujetas a tributación. Así se incluirán no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros.
ELIMINAR "PRIVILEGIOS" A SICAV Y SOCIMI
Además, Sumar también quiere eliminar "los privilegios" de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav, que disfrutan de gravamen del 1%) y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi, que pagan el 0%).
Además, pretende llevar a cabo una reforma de la normativa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -cedido a ayuntamientos- para que los municipios que así lo decidan puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo.
De su lado, Sumar plantea un gravamen sobre los "suelos disponibles para urbanización ociosos". "Coordinaremos los patrimonios públicos de suelo (PPS) de las diferentes administraciones a través de un'banco de suelo' con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
IMPUESTO A BEBIDAS AZUCARADAS Y A ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS
Sin concretar cómo, Sumar promete la modernización de la imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales.
Además, plantea el desarrollo de un plan de fiscalidad saludable, actuando en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y revisando los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
BASE COMPARTIDA DE DATOS FISCALES Y REFUERZO DE LA AEAT
Por último, se promete la reducción del fraude fiscal y mejorar los instrumentos contra la corrupción, además de asegurar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias, particularmente en lo que respecta a patrimonio y grandes fortunas.
Asimismo, Sumar asegura que se analizará de forma continua la economía sumergida y se procurará eliminarla; se creará una base de datos fiscales única compartida entre Administraciones; se igualará el plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o diez años en los casos de delitos agravados, y se unificarán los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados y se equiparará la plantilla de la Agencia Tributaria a la media de los países europeos del entorno.
