Sin fases, con viajes entre provincias y vuelta al cole: la vida sin el estado de alarma

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Con el temor a un rebote del virus a un lado de la balanza y la reactivación de la economía en el otro, el Ejecutivo perderá antes o después el férreo control mantenido durante las semanas de confinamiento. Si fracasa la siguiente ampliación de las medidas excepcionales, las comunidades autónomas recuperarán sus transferencias y atribuciones administrativas, se suspenderán las fases de la desescalada y en su mano quedarán decisiones como las franjas horarias para salir a la calle o la vuelta al colegio, aunque sea quince días antes de que acabe el curso, como ha adelantado que hará la Comunidad de Madrid.

La movilidad ciudadana recuperará la normalidad, lo que afecta a los desplazamientos a pie, en vehículo privado y transporte público. La circulación entre provincias quedará restablecida, se eliminarán las zonas sanitarias y, por ende, la prohibición de moverse entre ellas, por lo que ya no se podrán multar los viajes a segundas residencias ubicadas en otras regiones o los desplazamientos para visitar a amigos y familiares que no compartan provincia. En resumidas cuentas, las limitaciones actuales dejarán de tener vigor cuando finalice la última ampliación aprobada, aseguran fuentes jurídicas consultadas.

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Sí se podrán activar leyes para sustituir algunas cuestiones del estado de alarma, como por ejemplo las medidas de sanidad decretadas para comercios y sectores como el de las peluquerías. Los expertos apuntan a la Ley General de Sanidad, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y hasta la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que volverán a tener vigencia automáticamente. Asimismo, los aspectos económicos, “que no afectan a libertades individuales”, como los ERTE, los avales ICO o la prestación extraordinaria para los autónomos, con el objetivo de paliar los efectos negativos sobre sus negocios de la pandemia del COVID-19, se podrán seguir articulando a través de decretos ley, asegura Jordi Pacheco i Canals, decano del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Colpis).

De la misma manera, otros juristas señalan que se podrán aprobar órdenes ministeriales y de las consejerías autonómicas que reemplacen parte de la casuística actual. Es este sentido, algunas autonomías ya habían ordenado el cierre de colegios o la prohibición de espectáculos antes del estado de alarma. Eso sí, no se descarta que los primeros días el escenario sea caótico por la falta de preparación de muchas comunidades. Sin embargo, después de semanas bajo el mando único de un Ejecutivo al que “le ha faltado capacidad de negociación, aunque curiosamente defienda tanto el diálogo”, apunta Pacheco i Canals, los presidentes autonómicos prefieren administrar sus regiones en la desescalada.

“Una vez pasada la alerta sanitaria, con una curva de muertos y de contagios en descenso, el debate ahora es el de la reconstrucción económica”, prosigue el politólogo. En este contexto y con el cambio de la opinión pública también hacia la recuperación de lo que se ha llamado “nueva normalidad”, los Gobiernos de las CCAA exigen que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad” para pasar a implementar la legalidad ordinaria con el fin de "garantizar la salud pública y el retorno paulatino a la normalidad institucional”, en palabras del Lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Buena muestra de ello son las protestas en Madrid y las repetidas quejas y críticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los partidos regionales afean a Sánchez, que no plentee la devolución de las competencias en sanidad, a pesar de la manga ancha para pasar de provincias a regiones sanitarias en el levantamiento del confinamiento y de que la próxima ampliación sí retornará la gestión de educación a manos de las autonomías. “De negociar estos aspectos con las fuerzas nacionalistas se aseguraría la mayoría en la votación del miércoles”, explica Pacheco i Canals. Aunque el experto señala que el estado de alarma ha tensado las costuras de la Constitución ya que “no está pensado para cuestiones sanitarias de esta índole”.

MÁS DE DOS MESES DE ESTADO DE ALARMA

Sánchez aprobó el 14 de marzo el Real Decreto 463/2020 del estado de alarma contra el Covid-19 que añadía como medida extraordinaria la limitación de los movimientos de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Cerró negocios, limitó las salidas a la calle de los ciudadanos y puso a todos los cuerpos de seguridad y al sistema sanitario -público y privado- bajo las órdenes del Gobierno.

Ese día, asumió todos los poderes del Estado y, desde entonces es la autoridad competente que dirige el estado de alarma junto a cuatro ministros delegados: el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Hasta la fecha, se han aprobado cuatro prórrogas: el 24 de marzo, el 7 y 22 de abril y el 6 de mayo, cada vez con menos apoyos de los grupos parlamentarios.