Identificar "campañas de desinformación" y bulos y fake news "susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". Esas son las instrucciones que el Estado Mayor envió a las comandancias de la Guardia Civil el pasado 15 de abril, para que elaborasen un informe para el Ministerio de Interior sobre las actuaciones de ciberseguridad vinculadas a la pandemia de coronavirus que estaban llevando a cabo. La noticia no hace más que acrecentar la polémica que saltó este fin de semana, cuando el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, dijo que se trabajaba para "minimizar" las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Estado Mayor de la Guardia Civil, cuya jefatura recae precisamente en Santiago Marín, pidió hace unos días por correo electrónico que las comandancias y unidades del Instituto Armado identificaran bulos y desinformaciones. En el email, que ha adelantado la Cadena Ser, se detalla que la intención es realizar "un informe monográfico" para ser tratado en próximas reuniones "con el titular del departamento ministerial", es decir, con Fernando Grande-Marlaska. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran, según recoge Europa Press, que del ministro no ha partido ninguna orden para recibir un informe sobre este tipo de cuestiones.
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La comunicación interna no tiene carácter confidencial y parte por iniciativa del general Santiago Marín, que el pasado domingo, cuatro días después de este correo, generó una fuerte polémica por decir en la rueda de prensa diaria del gabinete técnico del Covid-19 en la Moncloa que entre las funciones de la Guardia Civil está "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno".
En el correo electrónico del 15 de abril se pide a las unidades llevar a cabo una "identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el Covid-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno".
El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil -que sustituyó en el gabinete técnico en Moncloa al director adjunto operativo, Laurentino Ceña, tras dar positivo en coronavirus- pide a las unidades que reporten cada viernes la información relacionada con delitos informáticos, investigaciones judicializadas o por denuncias relativas con ventas online de productos sanitarios como mascarillas.
El Estado Mayor se refiere también a "actuaciones administrativas y judiciales" y reclama, además, información relativa al "bloqueo o cierre de páginas web y de perfiles de redes sociales utilizados para fines fraudulentos o delictivos vinculados al Covid-19".
Este lunes el general Santiago Marín recibió el apoyo del doctor Fernando Simón, principal asesor del Gobierno para gestionar la crisis sanitaria, y del resto de técnicos de gabinete de crisis que se reúne a diario en la Moncloa. El mando de la Guardia Civil fue aplaudido tras aludir a sus 40 años de servicio y recordar que siempre trabaja por el bien de los ciudadanos, sin tener en cuenta la ideología.
Un día antes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó a un lapsus la referencia del general a su trabajo para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno".
La Guardia Civil también emitió un comunicado desvinculando la monitorización de las redes sociales de cualquier estrategia para censurar críticas, reivindicándose como "uno de los principales garantes de la libertad de expresión". Preguntado hoy por este correo del 15 de abril, un portavoz del Instituto Armado se ha remitido a su comunicado del pasado domingo.
SOLO BULOS, NO CRÍTICA POLÍTICA
La polémica ha sido tal que el general Santiago Marín ha dado explicaciones este martes en la habitual rueda de prensa del equipo técnico en la Moncloa. Según ha dicho, en la orden que se remitió a las comandancias "se pide que identifiquen, estudien, y hagan seguimiento de bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos para hacerlo saber a la ciudadanía".
"Hablamos de identificar bulos y desinformación de carácter incierto, para generar desconfianza o alarma, no hablamos de crítica política o de los ciudadanos que lo hacen amparados en su derecho a la libertad de expresión o derecho de información, recogidos en la Constitución", ha insistido, dejando claro que es un documento de "carácter interno" y en él solo "se pide a las unidades que den cuenta de todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético: denuncias, estafas, fraudes...".
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