Sigue el juicio por el 9N: "Se forzó a los directores a ceder los institutos"

Estos testigos han sido solicitados por el Ministerio Fiscal, la acusación popular, además de las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la exconsellera Irene Rigau.

Un inspector de educación ha sostenido en su declaración este martes como testigo en el juicio del 9N que "se estaba forzando a los directores" de los institutos de secundaria, como mínimo, a ceder las llaves de los centros educativos para acoger la consulta sobre la independencia.

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el inspector -primer testigo en comparecer en el juicio- ha relatado que las directoras de dos institutos (las que dependían de él) le explicaron que la directora de servicios territoriales les había dado "instrucciones" de lo que tenían que hacer con el centro para el 9N.

Según ha explicado, a las directoras les dieron tres alternativas: o hacerse cargo de los centros para la consulta, o buscar a profesores que se encargasen como voluntarios o entregar las llaves a los servicios territoriales.

A su turno, la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, ha negado en el juicio sobre el 9N haberse sentido presionada o coaccionada para ceder el edificio para la consulta por parte de la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en Barcelona Comarques en una reunión con directores de esa zona para informarles de que sus centros iban a ser sedes del 9N.

EL MATERIAL DE LA CONSULTA

La exdirectora del Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Generalitat (Cire) y hoy senadora de PDeCAT, Elisabet Abad, ha asegurado este martes, como testigo en el juicio del 9N, que el material que el Govern les encargó para la consulta ya estaba "hecho y facturado" antes de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el 9N.

"El 30 de octubre -de 2014- los transportistas vinieron para llevar el material para el proceso participativo", ha sostenido a preguntas del fiscal, con lo cual este trabajo de esta empresa pública dependiente de la Conselleria de Justicia se pudo haber hecho antes de que el 4 de noviembre el TC suspendiera la consulta del día 9 del mismo mes.

EL PROCESO

Este martes la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previstas las comparecencias de una quincena de testigos, entre ellos directores de centros, la directora de ESO, y un inspector jefe de servicios territoriales, a petición de la Fiscalía, además de la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro.

Estos testigos llegan después de que este lunes ya declararan como acusados por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación ante el tribunal Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau.

El tribunal quiere determinar si los tres acusados continuaron encargándose de la organización de la consulta desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional, del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de su celebración; sus defensas sostienen que se desvincularon dejando el proceso en manos de los voluntarios.

HOMS, DE GISPERT Y TRIAS

Este miércoles 8 de febrero están citados a petición de las defensas el exconseller de Presidencia Francesc Homs, los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

También comparecerán el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró.

El día siguiente pasarán por el tribunal citadas como testigos la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó, y la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet, entre otros, y el juicio previsiblemente concluirá el 10 de febrero con la prueba documental y los informes.

MAS: LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA FUE SÓLO MÍA

El proceso ha arrancado este lunes casi una hora tarde y tras las disposiciones iniciales, el primero en declarar ha sido Mas. El expresident de la Generalitat se ha negado a contestar las preguntas de la Fiscalía y la acusación y ha insistido en que la responsabilidad política del 9N es suya y el resto de acusados siguieron sus directrices.

Mas: El TC no nos advirtió de las consecuencias legales de no suspender el 9N

Ha señalado, durante su testimonio que "el mandato del TC era impreciso, mi deber era que la jornada se pudiera celebrar". Además, ha asegurado que el TC no les advirtió de las consecuencias legales de no suspender el 9N. "Siempre se nos ha dicho que la consulta no tendría consecuencias legales ni jurídicas". Además, ha indicado que el TC no dio ningún paso para hacer cumplir su sentencia".

A su turno, Joana Ortega e Irene Rigau se han negado también a responder las preguntas de la Fiscalía y la acusación. La exvicepresidenta ha señalado que "la fundamentación legal (del 9N) era diferente. El proceso participativo se apoyaba en una ley no suspendida". Ortega también ha asegurado que ni en los días previos ni posteriores del proceso participativo recibió ni requerimientos específicos ni notificaciones del TC. "Ni el Govern ni yo teníamos claros los efectos de la providencia del TC porque la ejecución estaba en manos de los voluntarios".

Irene Rigau, por su parte, ha asegurado compartir "absolutamente" lo declarado por Mas y Ortega. La exconsellera de Ensenyament ha centrado su declaración en el uso que se dio a los institutos públicos en la consulta y ha asegurado que "se informó del uso que se haría de los centros educativos".