La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario tenía todos los números para afectar las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC. Los republicanos habían dejado claro que era un hito en el calendario de las conversaciones, al igual que el congreso que celebran este fin de semana. Pero los socialistas minimizaban su impacto: se esperaba una resolución tibia y que el alto tribunal de Luxemburgo se pusiera de perfil al estar el líder de los republicanos condenado en España. Es más, la tesis de Ferraz era que, despejada esta incertidumbre, se agilizarían los trámites con ‘esquerra’ para cumplir con los plazos del presidente del Gobierno en funciones: sesión plenaria entre el 27 y el 30 y nuevo Gobierno antes de las uvas.
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Pero la Justicia europea ha soltado una bomba sobre el Tribunal Supremo y Moncloa al dejar bien claro que las prerrogativas del status como eurodiputado de Junqueras entraron en vigor en el momento en que el republicano fue elegido por los votantes tras las elecciones de mayo. No sólo eso, sino que debería haber quedado en libertad y, en consecuencia, haberse presentado en Bruselas para recoger el acta de diputado y sólo mediante un suplicatorio del tribunal que preside Carlos Lesmes se podía revocar esta condición y proseguir con el proceso por el 1-O.
La decisión de Luxemburgo, por tanto, hace tambalearse el juicio del procés, según todos los expertos consultados, y ha levantado un silencio sepulcral en las filas socialistas, por el temor a las implicaciones que puedan tener un paso en falso en las conversaciones con ERC. El único comunicado del Gobierno ha llegado cuatro horas después de hacerse público el dictamen del tribunal europeo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado el "absoluto respeto" por la sentencia pero no ha entrado en detalles. El Gobierno ha recordado al Supremo que está vinculado al "superior criterio" del TJUE.
El entorno del presidente espera, no con recelos, que los contactos con el partido de Junqueras puedan continuar por su propio carril, pero el mutismo en el partido deja claro que la opinión dominante es que añade dificultades extra no previstas. Muy fresco está en la memoria el resbalón del secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien por poco dinamita el acuerdo, que por otra parte es inminente si se hace caso a Podemos y el entorno de los comunes en Cataluña, al poner sobre la mesa el supuesto abandono de la vía unilateral de los republicanos, que nadie más se cree en el PSOE.
El enfado de ERC tras estos comentarios por el “chantaje” y la presión a los que, según la portavoz del partido de Cataluña, Marta Vilalta, se ven sometidos, ha dejado paso a la euforia en el independentismo por lo que ya se conoce como 'doctrina Junqueras', tanto en el entorno republicano como en Junts per Catalunya. Fuentes conocedoras defienden la tesis de que este hecho, unido a la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, condenado a un año y medio apartado de las funciones públicas por mantener los lazos amarillos en la Generalitat, supone un giro de 180 grados en la estrategia de ambos partidos. El avance electoral en Cataluña vuelve a estar sobre la mesa con las candidaturas de Junqueras y el expresident Carles Puigdemont.
En el futuro inmediato, la resolución del TJUE fuerza a ERC a un cambio de prioridades en sus demandas al PSOE. Hasta la fecha, la mesa de diálogo entre gobiernos, más allá de la que contempla el Estatut, era la más ambiciosa de sus reivindicaciones, aunque del entorno de la negociación también ha salido la idea de un referéndum no vinculante sobre la independencia. Pero las declaraciones de Junqueras, inmediatamente después de conocerse lo que fuentes de las defensas de los líderes independentistas han calificado de “victoria”, dan una pista de por dónde pueden ir los tiros.
El líder republicano ha pedido la nulidad de la sentencia del 1-O que le condena a 13 años de cárcel por un delito de sedición y otro de malversación y ha exigido su libertad y la del resto de presos: "Se han vulnerado nuestros derechos". La cúpula republicana se ha mostrado más atemperada y ha exigido al Ejecutivo que abandone la vía penal si quiere apostar por el diálogo. En estos momentos, ERC no aceptará nada que no suponga el cumplimiento de la sentencia, según ha afirmado el coordinador nacional de la formación, Pere Aragonès. Dicho de otra manera, la investidura está en el aire hasta conocer la decisión del Supremo y la fecha del 30 de diciembre pierde fuerza.
LOS CALENDARIOS DEL SUPREMO Y ERC
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Algunos sectores de ‘esquerra’ no quieren mover ficha hasta que los magistrados se pronuncien sobre el dictamen de Luxemburgo. El plazo dado a todas las partes de cinco días hábiles para que hagan llegar sus alegaciones expira el 27 de diciembre, justamente cuando debería arrancar el pleno de investidura para cumplir con el calendario que sigue acariciando Sánchez. Y el alto tribunal aún puede dilatar su decisión hasta pasado Reyes.
En un comunicado, el Supremo ha afirmado que está estudiando la sentencia, a la espera de recibir los escritos de acusaciones y defensas. La Fiscalía ha tardado apenas unas horas en dar una respuesta y ha solicitado a la Sala que juzgó a Junqueras la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario. El Ministerio Público mantiene la línea dura exhibida durante el juicio y se espera un “guiño” a los republicanos desde la Abogacía del Estado. Su postura se conocerá en los próximos días y será capital en las negociaciones para la investidura.
Fuentes conocedoras no prevén, sin embargo, que se desvele si hay acuerdo entre el PSOE y ERC antes del lunes. El cónclave republicano del fin de semana coge fuerza también, ante especulaciones de que los sectores que están por esperar a 2020 para apoyar a Sánchez podrían poner sobre la mesa que fuera el propio Junqueras quien debiera negociar con el secretario general de los socialistas, ahora que han visto legitimadas sus reivindicaciones de que el juicio que presidió Manuel Marchena no fue justo. Eso sin contar con los críticos que piden levantarse de la mesa de negociación hasta que Junqueras sea liberado. Por el momento, Aragonés ha asegurado que plantearán al PSOE la situación de los dirigentes encarcelados y Vilalta ha advertido que su partido no volverá a abordar la investidura hasta conocer la postura de Moncloa.
QUÉ PASA CON PUIGDEMONT
La segunda derivada de la sentencia del TJUE es el status de Puigdemont y del exconseller, Toni Comín, electos el 26 de mayo pero no reconocidos a todos los efectos. Los expertos indican que la consecuencia directa es que ambos son diputados de pleno derecho.
El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha reconocido que la resolución tendrá incidencia en la situación de Puigdemont y Comín y ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía, acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre la misma. Por otra parte, el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha levantado este mismo jueves la prohibición de entrada a la institución que impuso contra el expresident de Cataluña y el exconseller cuando se reactivó la euroorden contra ellos en octubre.
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