Con el nuevo curso político arranca el proceso para aprobar el proyecto de ley orgánica de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas cuentas que son de suma importancia, como el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha esforzado en reiterar, ya que el país se juega la recuperación tras la pandemia. A la emergencia sanitaria y social derivada de la crisis se une la necesidad de plantear a Bruselas unas cuentas públicas cuyo techo del gasto contente al Ejecutivo comunitario y le garantice a España su parte del Fondo de Recuperación -alrededor de 140.000 millones-, de los que en buena parte depende para sacar adelante sus planes. Pero Sánchez está lejos de contar con los 176 apoyos que necesita en el Congreso.
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Un fracaso y, por ende, una nueva prórroga de las cuentas del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vigentes desde 2018, sería un traspiés de tal magnitud que abocaría al Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos a unas nuevas elecciones en 2021, auguran ya algunos analistas. Sin embargo, fuentes socialistas aseguran que la prioridad de Sánchez es agotar la legislatura y recabar el apoyo de cuantos más grupos parlamentarios, mejor, a su proyecto presupuestario para proyectar una imagen de confianza en la eurozona y asegurarse una remontada de la crisis.
Por este motivo, los socialistas encaran las reuniones con los grupos políticos apelando a su responsabilidad global ante los estragos de la pandemia, “más allá de fines partidistas”, tal como ha subrayado Sánchez en varias ocasiones. Con la voluntad de sumar los apoyos de la moción de censura, más los de Ciudadanos, con quienes pacto algunas prórrogas del estado de alarma, el líder del Gobierno abre la ronda de contactos con los partidos con sendas reuniones con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
La formación naranja ya se ha puesto de cara para alinearse con el Gobierno, pese al veto que en teoría les habría impuesto Unidas Podemos. Sin embargo, Sánchez ha querido remarcar que los morados no han declarado líneas rojas contra el partido liberal, dándose margen para fortalecer futuros pactos, mientras se alcanza un acuerdo de presupuestos en el seno del Gobierno, cuya primera reunión ya se ha celebrado este martes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
En cuanto al PP, tiene muchos menos remilgos a la hora de cerrar puertas a pactos con el partido de Pablo Iglesias. Casado ha asegurado que acudirá a la reunión de este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con voluntad de "escuchar" sus propuestas aunque ha advertido de que no negociará los Presupuestos Generales del Estado si no rompe con Podemos.
Consciente de la dificultad de lograr el respaldo de los populares y embarcado en su cruzada de no excluir a nadie, Sánchez está dispuesto a hacer concesiones a los independentistas. La marcha del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, da aire a los ocho diputados del PDeCAT para que alcancen acuerdos con los socialistas, pero el principal escollo son los 15 escaños del partido de Oriol Junqueras. Con el fin de atraer a los republicanos se ha mostrado dispuesto incluso a reunir la mesa de negociación entre gobiernos para abordar la cuestión catalana este mismo mes de septiembre.
No obstante, es poco probable que los partidos catalanes se contenten con gestos, con las elecciones autonómicas en Cataluña previstas en plena negociación de las cuentas estatales. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha dejado claro que ya se calientan motores de cara a las urnas y ha condicionado este martes la reanudación de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno a que se pueda hablar del derecho a la autodeterminación y la amnistía de los presos del 1-O.
Noviembre es el mes que se perfila como el más probable para que los catalanes celebren sus comicios tras la plausible inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra. Esto deja la campaña electoral en plena coincidencia con el calendario de los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe presentar el anteproyecto de las cuentas públicas antes del 30 de septiembre y los objetivos de estabilidad deben enviarse a Bruselas antes del 15 de octubre, que es cuando los Estados deben presentar sus respectivos planes presupuestarios.
