Rusia ha alertado sobre la detención del empresario franco-ruso Pavel Durov, fundador y consejero delegado de Telegram, que tuvo lugar este fin de semana en un aeropuerto francés, ya que considera que responde a fines políticos, según apunta la agencia rusa de noticias TASS. Sin embargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha negado estas acusaciones.
El medio cercano al Kremlin asegura que el portavoz del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, mantuvo esta semana conversaciones con periodistas en las que aseguró que Francia debe presentar pruebas en relación a los presuntos delitos relacionados con la popular aplicación de mensajería que se le imputan a Durov.
"Los cargos son realmente muy graves. Requieren una base de evidencia no menos seria. De lo contrario, serán un intento directo de limitar la libertad de comunicación", ha manifestado Peskov.
La OFMIN de Francia, una oficina encargada de prevenir la violencia contra menores, había emitido una orden de arresto contra Durov en una investigación preliminar sobre presuntos delitos, incluyendo fraude, tráfico de drogas, ciberacoso, crimen organizado y promoción del terrorismo.
Durov está acusado de no tomar medidas para frenar el uso delictivo de su plataforma. "Basta de la impunidad de Telegram", dijo uno de los investigadores, añadiendo que estaban sorprendidos de que Durov viniera a París sabiendo que era un hombre buscado
Poco después de las acusaciones realizadas por el Kremlin, el presidente francés salió al paso a través de su perfil de 'X' para asegurar que la detención "de ninguna manera es una decisión política".
"Corresponde al Poder Judicial, con total independencia, hacer cumplir la ley. La detención del presidente de Telegram en suelo francés se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. De ninguna manera es una decisión política. Corresponde a los jueces pronunciarse sobre el asunto", ha señalado.
Además, ha agregado que "en un Estado regido por el Estado de derecho, las libertades se defienden dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales".
"Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y comunicación, con la innovación y con el espíritu empresarial. Así seguirá siendo", ha concluido.