MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La exconsellera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, ha asegurado este miércoles ante el Tribunal de Cuentas que investiga su responsabilidad contable en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que los cerca de 7.000 portátiles que se adquirieron y estrenaron en la votación eran para el sistema educativo, aunque ha reconocido que en el referéndum inicialmente previsto y anulado por el Tribunal Constitucional este material informático no era necesario.
Rigau ha sido la tercera integrante del Govern de Artur Mas que ha declarado a instancias de Sociedad Civil Catalana, la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal ante el Tribunal de Cuentas, que indaga si hubo irresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos en el gasto que supuso la organización y celebración del llamado "proceso participativo" de aquel 9 de noviembre.
A preguntas de la Fiscalía, la exconsellera ha explicado que "en la consulta inicial se partía del censo" mientras que en el proceso que finalmente se puso en marcha, "las personas tenían que inscribirse y por eso eran necesarios los ordenadores" para "ir anotando quién vota y quién no". "Si se hubiera hecho con el censo la consulta inicial no habría tenido ese gasto", ha comentado.
Según ha afirmado, su "objetivo era no interferir en el funcionamiento ordinario" de los colegios donde se hicieron las votaciones y por eso, "en vez de utilizar los que ya estaban en los centros educativos", optó por utilizar los nuevos, de los que ya se había "podido justificar la necesidad" y se había "habilitado ya su compra".
Preguntada por la "coincidencia" entre el número de ordenadores que se adquirieron y el número de mesas de votación, junto al "remanente" que se empleó durante la jornada en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Rigau ha dicho desconocer "los detalles" y ha insistido en que "si las necesidades hubieran sido de 6.500 (ordenadores) habría comprado 6.500".
DESCONOCE EL STOCK
Asimismo, ha apuntado que "había centros que los habían pedido porque querían avanzar en la digitalización de las aulas" y además, "estaban pedidas las sustituciones por obsolescencia". "Si tú como administración recibes que hay una escuela que dice que pone en marcha plan de digitalización sabes que tienes que satisfacer esa demanda", ha comentado, en relación a la ausencia señalada por el fiscal de un documento que acredite esas demandas.
En cuanto a los 477 ordenadores que según un informe fechado en 2015, estaban "en stock" y no habían sido distribuidos a las aulas, Rigau ha dicho que desconoce "el dato" y "la cifra exacta" y ha incidido en que, en cualquier caso, "no es extraño que en la propia Administración haya ordenadores para ir dotando". "Desconozco ese dato pero me consta que el departamento actual ha certificado la destinación definitiva de los ordenadores", ha argumentado.
Sobre aquella jornada, ha explicado que al término de la votación del 9 de noviembre, los voluntarios recogieron los ordenadores y los llevaron a un almacén desde donde luego se mandarían al CTTI para "limpiarlos" y "prepararlos para los escolares". No llegaron a los colegios hasta febrero de 2015, cosa que Rigau atribuye a la sucesión de fiestas navideñas. "Nosotros somos eficaces pero no necesariamente rápidos", ha apostillado.
Por último, en relación al origen de los fondos para los ordenadores, la extitular de Educación ha apuntado que si bien no tiene "obligación de saber de dónde viene" porque su mandato "es que esté fiscalizado", es consciente de que procedían de la partida de Contingencia, que se engrosar "de muchas partes". Descarta haber relacionado el dinero con la provisión inicial para la consulta anulada por el Constitucional: "No me imagino los fondos marcados para saber de dónde proceden".