Las tensiones entre los dos socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han seguido coleando esta semana, a consecuencia del pacto tripartito entre ambos y Bildu sobre la “derogación íntegra” de la reforma laboral. El PSOE matizó este punto y devolvió el acuerdo con la formación abertzale a lo ratificado en el pacto de investidura con el partido de Pablo Iglesias y con otras fuerzas como el BNG, donde se recoge sólo la reforma de algunos puntos. No obstante, la formación morada ha seguido tensando la cuerda e insistiendo en su absoluta “desaparición”.
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Y aunque el maremoto se quedó al final en marejada, la falta de alineación de ambos partidos sobre qué tipo de revisión debe acometerse en la ley de 2012 del PP, “seguirá generando malestar y entorpecerá las relaciones entre los miembros del Gobierno”, aseguran expertos consultados. De hecho, “tiene el potencial de convertirse en la excusa que esgrimirán para acabar la legislatura y convocar elecciones”, señala Miguel Ángel Belmonte, profesor del grado en ciencias políticas de la Universidad Abar Oliva CEU, probablemente este invierno. Por lo pronto, los miembros del Ejecutivo interpelados por 'Bolsamanía' el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros extraordinario, esquivaron la cuestión de si se iba a derogar o no íntegramente esta ley. Ni el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ni el ministro de ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ni la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesún Montero, abordaron el asunto.
El cruce de declaraciones a uno y otro lado del Gobierno de coalición no han cesado. La vicepresidenta económica Nadia Calviño, ha avisado que “sería absurdo y contraproducente abrir ahora el debate sobre la derogación de la reforma laboral y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento”. Expertos consultados por 'Bolsamanía' avalan estas declaraciones y señalan que, en caso de llevar adelante la medida, se minará la confianza de los mercados y de los inversores internacionales, cuyo apetito por las emisiones de deuda que España necesita colocar para financiarse quedaría mermado.
De hecho, “lo más sensato es dejarlo para después de la pandemia”, señala Eduardo Armas, experto en derecho laboral, y no acometer esta revisión antes de que Bruselas haya encarrilado y, a poder ser repartido, el Fondo de Recuperación, que justo ha comenzado a diseñar. Sin embargo, ajena a estas cuestiones, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido "con rotundidad" deshacerse ”en su totalidad" de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, una idea con la que, a su juicio, "hasta Europa va a estar de acuerdo".
Sin embargo, esta idea de abolición completa no es la que se recoge en el pacto de enero entre partidos para investir presidente a Pedro Sánchez. Lo que prevalecerá, según fuentes consultadas, son los tres puntos que Moncloa contempla reformar durante esta legislatura, a saber: los despidos por absentismo laboral y bajas prolongadas -que ya fue derogado en febrero-; restaurar la ultraactividad de los convenios colectivos -por la que seguirán vigentes acabado su plazo, si no hay uno nuevo que lo reemplace-; y eliminar la preeminencia del convenio de empresa sobre los sectoriales, como viene siendo en los últimos ocho años.
Belmonte, sin embargo, subraya la cuestión de que, pese a las declaraciones de Montero, el Gobierno tendrá que ajustarse a las condiciones que le imponga la Unión Europea (UE) para beneficiarse de los fondos que se destinarán a la reactivación del bloque comunitario y “quienes tienen el dinero defienden la reforma de 2012”. Pero no descarta que den algún paso hacia la modificación “hasta que tenga que rectificar y dar marcha atrás” y se acabe por “quebrar el Gobierno”.
Así, el politólogo asegura que los responsables políticos ya trabajan con ese escenario en mente. Primero, vendrán los “premios” de las elecciones vascas, gallegas y catalanas, donde Podemos se juega poder formar un tripartito en el País Vasco con el PSOE y Bildu. Pasados estos comicios y cuando la recuperación esté encarrilada, no sería de extrañar que se convocaran elecciones generales.
Por último, Belmonte también explica que en circunstancias normales el camino de este Ejecutivo bicolor ya hubiera sido intrínsecamente difícil, ya que “estadísticamente los Gobiernos de coalición en minoría son los más inestables y los que menos duran”. Pero, además, la pandemia ha sometido su unidad a un test de estrés, justo cuando daba sus primeros pasos. Y la falta de costumbre de trabajo conjunto ha evidenciado la realidad: descontrol, rectificaciones y, con todo probabilidad, ruptura.
