Referéndum en Cataluña: cinco claves para entender el anuncio de Puigdemont

Porque una cosa es prometer y convocar un referéndum y otra muy distinta es poder realizarlo. Puigdemont parece tener controlados todos los impedimentos que se podría llegar a encontrar y, en última instancia, pretende acabar organizando la votación de manera unilateral. Y estos son los hitos que ambiciona marcar en el camino a Ítaca.

1. La aprobación de los presupuestos

El mensaje de Puigdemont a la CUP fue “cristalino”: “O se aprueban los presupuestos o convocaré elecciones”. La primera parada hacia el referéndum pasa de nuevo por un debate parlamentario para aprobar las cuentas de la Generalitat, que fueron precisamente lo que hizo descarrilar la estabilidad de la legislatura antes del verano.

Los anticapitalistas, por su parte, han querido desvincular el voto favorable a renovar la confianza en el president de los presupuestos, que deben aprobarse en octubre. Puigdemont usó un tono amenazador para advertir a los cuperos: “Podemos encarar el tramo final o haré uso de las facultades que tengo para convocar elecciones. Aconsejo, por tanto, que quien no tenga ninguna intención de aprobar los presupuestos mejor que nos ahorre la duda y el tiempo y no me otorgue la confianza que reclamo”.

Así que el escollo podría acabar por convertirse en un obstáculo infranqueable si no hay acuerdo en el debate presupuestario que se librará en los próximos días, y los catalanes podrían verse abocados a unas nuevas elecciones legislativas.

La lapidaria frase “referéndum o referéndum” no cierra la puerta a que haya un pacto con el Estado

2. La negociación con el Estado

Aunque Puigdemont puso especial énfasis en dejar claro que la única salida al conflicto de Cataluña es que efectivamente los ciudadanos puedan votar la independencia, la lapidaria frase “referéndum o referéndum” no cierra la puerta a que haya un pacto con el Estado.

De hecho, no renuncia a poder llegar a un acuerdo con el futuro Ejecutivo central para celebrar la votación de forma consensuada. "No tenemos que ser nosotros quienes lo descartemos”. Y apela a la responsabilidad de los políticos españoles para que se pueda materializar "una opción que apoya un 60% del electorado" -sumando los votantes de Catalunya Sí Que Es Pot a los de Junts pel Sí y la CUP.

Según el president de la Generalitat, ”hay total disposición a colaborar con un Gobierno español que haga posible que votemos en un referéndum sobre la independencia". Así, si el Gobierno español "acepta este principio democrático, estamos dispuestos a negociar la fecha, la pregunta, la participación mínima y la manera en cómo hemos de gestionar el resultado que se obtenga, hasta el plazo para volver a pedir otro referéndum en caso de que perdamos”.

3. La ley de transitoriedad jurídica

Durante su discurso también mandó otro mensaje al Estado: hay espacio para la negociación y es una oferta que “no caduca, pero que no paraliza”. En otras palabras, si hace falta, la Generalitat se situará en el plano de la unilateralidad, una palabra que eludió emplear durante todo su discurso.

La idea es que cuando se convoque el referéndum se haya pasado de forma efectiva de la legalidad española a la catalana

Ante la más que probable falta de acuerdo con el Estado, el Govern cuenta con menos de un año para concretar el marco legal en el que pretende desconectar con España y articular el referéndum. Aquí entra en juego la ley de transitoriedad jurídica: la idea es que cuando se convoque el referéndum se haya pasado de forma efectiva de la legalidad española a la catalana y esta ley ofrezca un nuevo marco jurídico al margen del español. La Generalitat se podría aferrar, así, a un marco legal propio que permitiera organizar el referéndum en los plazos prometidos por Puigdemont.

4. El despliegue de las estructuras de Estado

Además de este marco legal, el Govern está preparando “centenares de medidas que afectan a todos los ámbitos”, es decir, “todo lo necesario para el tránsito de la postautonomía a la preindependencia”, en palabras de Puigdemont. Estos organismos van desde la Hacienda propia, que deberá construir un nuevo sistema tributario por el que los catalanes pagarán sus impuestos directamente a la Generalitat, a una Seguridad Social catalana, que pretende emular a la española, y toda la legislación necesaria para que Cataluña funcione como Estado independiente. Son las llamadas leyes de desconexión.

Todo ello hará posible que “estemos preparados para podernos desconectar del Estado español con plenas garantías”, explicaba Puigdemont. La fecha: finales de julio de 2017.

5. La ejecución del referéndum

En este momento, según explicó Puigdemont, el Govern estará listo para convocar el referéndum para la segunda quincena del mes de septiembre de 2017. Y el Ejecutivo catalán se implicará transversalmente: los preparativos recaerán en el Departament de la vicepresidència que lidera Oriol Junqueras y el despliegue, en la consellería d’Afers Exteriors, Trasnparència i Participació que capitanea Raül Romeva.

Ambos deberán salvar los impedimentos que ahora mantienen el referéndum en el terreno de las quimeras: quién pagará las urnas, tener colegios electorales disponibles o cómo se resolverá la cuestión del censo, son sólo algunos de los problemas que ya encontró la consulta del 9-N.

La falta de una ley electoral propia también dificulta que exista un organismo imparcial que controle la votación. Sería la propia normativa de la celebración del referéndum la que debería crear una junta electoral específica a partir del área de procesos electorales del departament de Governació o de la conselleria de Romeva. La otra solución que apuntan analistas de Nació Digital sería recuperar la comisión de control del 9-N y desplegarla territorialmente.

Pero suponiendo que todo esto se resuelva, la validez internacional del referéndum pasa porque haya una gran movilización ciudadana. O lo que es lo mismo, que los partidarios del “no” también acudan a la cita. La única experiencia similar, la consulta del 9 de noviembre de 2014, sólo movilizó un 4,5% del unionismo y aquí es donde radica el éxito real del referéndum -sea unilateral o consensuado-, suponiendo que de verdad se salven todos los impedimentos anteriores.