Referéndum de Cataluña: los escenarios del choque de trenes definitivo entre Puigdemont y Rajoy

Cierto es que se ha estipulado una fecha y una pregunta. La noticia llegaba antes del verano, concretamente el 9 de junio, cuando se conocía que en la eventual consulta los catalanes deberán responder de forma binaria a la cuestión: '¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?'. También es cierto que se han realizado conferencias en las que se ha asegurado que habrá urnas, censo y garantías democráticas en el referéndum, se han explicado las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica -esta última se detallaba esta misma semana-. Pero la realidad es que ninguna de estas normas está aprobada, el referéndum no se ha convocado, los datos censales son un misterio casi tan grande como las inexistentes, por ahora, urnas y tampoco hay claridad sobre dónde se efectuará la votación del 1 de octubre.

Ante tanta incertidumbre, “el Govern puede llevar a cabo algo que será una simple pantomima para tranquilizar a sus acólitos, aunque saben que será un acto ridículo aquí y en el contexto internacional”, apunta Mariano Gomà, presidente de Societat Civil Catalana. “No tienen urnas o nadie sabe dónde están, no tienen censo fiable, pues no es completo ni oficial, no tendrán espacios para configurar las mesas a no ser que lo hagan en las bocas de metro o plazas públicas, no tendrán interventores ni constitución de equipos de mesa y, finalmente, no tendrán votantes”, redondea el representante de la plataforma unionista.

"El Govern puede llevar a cabo algo que será una simple pantomima", denunca Sociedad Civil Catalana

“La Generalitat ha expresado su intención de que esta convocatoria electoral transcurra como siempre y empleando los mecanismos habituales”, señala Enric Blanes, secretario nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Desde la asociación soberanista están “convencidos de que habrá urnas” e insisten en que “la voluntad del Govern es que la votación tenga las máximas garantías, siendo conscientes de las dificultades que conlleva el referéndum”. En este sentido, esperan poder participar en la consulta en los lugares habituales, aunque reconocen que debe ser el Ejecutivo autonómico quien anuncie donde se colocarán las urnas. Algo que hasta la fecha no ha hecho.

Y es que todo lo que envuelve hasta ahora el 1-O está lleno de voluntad e intenciones. Dos palabras que podrían describir a la perfección el papel del bloque separatista, a las que se une otra: astucia. El Govern ha hecho gala del arte de tirar la piedra y esconder la mano durante varios meses, para burlar al Ejecutivo de Mariano Rajoy y la acción del Constitucional, que podría estrenar su potestad de inhabilitar a cargos políticos que desobedezcan sus resoluciones. De hecho, Moncloa poco ha podido hacer hasta la fecha ante la ausencia de hechos materiales. Nada sobre papel, aunque todo preparado, según ha asegurado Marta Rovira, portavoz del grupo parlamentario Junts Pel Sí en recientes declaraciones. Pero Puigdemont ha alargado demasiado los tiempos y tiene a la CUP en pie de guerra ante la dilatación del trámite del corpus legal del referéndum.

BURLANDO AL ESTADO: LA CUESTIÓN DEL ARTÍCULO 155

Así, el debate se ha trasladado del cómo al cuándo se aprobarán en sesión plenaria de la cámara catalana las normas que articulan la votación y el día después -el ya también famoso 2 de octubre-. Los ‘cuperos’ presionan para que sea en el pleno del 6 y 7 de septiembre, añadiendo este punto al orden de la sesión ya fijado, algo que permite el reglamento del Parlament. La prisa viene porque, según ellos mismos han explicado, quieren tenerlo todo bien atado antes de la Diada del 11 de septiembre y, de hecho, el trámite oficial va muy retrasado con respecto al 9N: el ex president de la Generalitat, Artur Mas, rubricó el decreto de convocatoria un mes y medio antes de la consulta de hace tres años. Rovira coincide con sus socios secesionistas en que las fechas que barajan “serían ideales”.

Pero el Govern sigue jugando al despiste. Recientemente, el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, ha señalado que se podría tramitar mediante un decreto ley y la llamada a las urnas llegar de forma inmediata. Un juego del gato y el ratón entre unos y otros, que permanecen enrocados en sus posiciones, sin abandonar sus respectivas casillas de salida. Pero la estrategia gestada en el bloque que forman ERC y el PDeCAT ya ha dado réditos y no son ‘pecata minuta’.

Rajoy se ha quedado sin tiempo para parar el referéndum con el artículo 155 que suspende la autonomía

El más notable es que ha dejado al Estado sin el arma de esgrimir el tantas veces mentado artículo 155 de la Constitución, al menos no por ahora, por una simple cuestión de falta de tiempo. Aunque el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, haya expresado en recientes declaraciones que “aplaudirán su aplicación”, no podrá ser el mecanismo por el que se evite la votación. Para que la suspensión de la autonomía, o lo que es lo mismo para que el Estado asuma el control de las instituciones catalanas, hacen falta una serie de trámites que podrían alargarse unos cuatro meses.

Para empezar, es imprescindible su paso por el Senado, previo requerimiento formal por parte del Estado de que no se celebre la consulta y respuesta de la Generalitat -para la que no hay tiempo estipulado-, todo para demostrar que el ejecutivo autonómico ha desobedecido órdenes gubernamentales. Pero no acaba aquí. En la ‘Cámara Alta’ el proceso se complica e incluye la posibilidad de crear una comisión especial para este asunto si no se quiere emplear la ya existente Comisión General de las Comunidades Autónomas. Llegados a este punto, se pueden pedir opiniones a terceras partes o encargar informes y paralelamente la Generalitat debe nombrar a un representante en el Senado. Este proceso da paso a las deliberaciones, antes de formular una proposición de ponencia que es lo que finalmente votará el Senado.

¿CON QUÉ CUENTA RAJOY PARA IMPEDIR EL REFERÉNDUM?

Existen alternativas, como declarar el estado de alarma, excepción o asedio -que se tramita en el Congreso- o poner en marcha la ley de Seguridad Nacional. Medidas que encontrarían la reprobación internacional, según expertos politólogos consultados, y que escapan al principio de “proporcionalidad” al que quiere circunscribirse el Gobierno. Así, el único camino que tiene Moncloa para frenar a los independentistas es el mismo que ya ha andado tantas veces: hacer uso de la justicia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado, en declaraciones en el Congreso después del pleno extraordinario que la oposición exigió a Rajoy para explicar su testimonio sobre la Gürtel, que tiene todos los recursos contra las llamadas leyes de desconexión preparados y que saldrán volando hacia el Constitucional en cuanto se aprueben.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha abundado en esta cuestión. "Si ocurre (el 1-O), tendrá consecuencias y dependerá de la justicia”, ha indicado, en declaraciones a Cataluña Radio. No contempla una hipotética inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni una suspensión de la autonomía, un escenario en el que sería él quien asumiese el cargo de jefe del Ejecutivo en Cataluña en tanto que delegado del Gobierno. "La única manera de solucionar el problema es mediante el diálogo”, ha aseverado.

Gomà tampoco cree que la administración del PP llegue asumir las funciones de las instituciones catalanas “pues hay recursos jurídicos y políticos suficientes para no llegar a este extremo”. “Con tan solo intervenir en algún punto sensible en seguridad ciudadana o económica será suficiente”, asegura el presidente de Sociedad Civil Catalana. Para la entidad, “esa sería la respuesta proporcionada pues cualquier desproporción ofrecerá a Cataluña la posibilidad de apelar al victimismo opresor que es lo que están buscando”, matiza Gomà.

Una vez suspendido el cuerpo legal del referéndum por el Constitucional, si todavía se da lugar a la colocación de las urnas, el PSOE ha pedido al Rajoy que ordene su retirada. Así se ha expresado la portavoz en el Congreso de los Diputados del PSOE, Margarita Robles, que aplicaría esta medida en el caso de que “existiese comisión de delito”.

Moncloa está preparada: tiene todos los recursos a punto para que vuelen hacia el Tribunal Constitucional

DESOBEDECER AL TC PARA OBEDECER AL PARLAMENT

Pero la vacilación en cuanto a medidas concretas sobre cómo actuar si el 1-O hay puntos de votación deja patente que unos y otros tienen asumido que se acabará votando de una forma u otra, comentan desde la ANC. Y por parte del Govern de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, con mayoría soberanista, queda claro en este punto que se desobedecerá al Constitucional. “No se trata de desacatar al alto tribunal”, puntualiza Blanes, sino de “obedecer el mandato parlamentario, que es el órgano que aprueba la ley que estipula como se efectuará el referéndum”, concreta el secretario nacional de la entidad soberanista.

Explica la postura del Govern como una “cuestión de coherencia”. En primer lugar, “ante una ley trascendental que cumple el mandato primordial de esta legislatura”, que no es otro que el de poner en marcha todos los mecanismos para acabar proclamando la independencia de la región si hay una mayoría favorable en la votación de inicios de octubre, relata. Añade que, por otra parte, tampoco sería “consecuente” aceptar una decisión de “un tribunal que está altamente politizado y que no goza de independencia, dos hechos que ha denunciado la misma Comisión de Venecia -tras la reforma de 2016-”, insiste el alto cargo de la ANC.

Según el relato soberanista, el proceso es el siguiente. Una vez se firme el decreto de convocatoria del referéndum, previa aprobación de las leyes, se darán todos los detalles sobre cómo se articulará el 1-O (los ya mencionados censo, urnas, locales de votación, garantías democráticas y órgano jurídico creado ex profeso, etc.). Todo apunta a que antes del 11 de septiembre el funcionamiento ya se habrá desvelado y arrancará la campaña institucional con los actos de la Diada como pistoletazo de salida.

¿QUÉ PASA SI GANA EL SÍ? ¿Y SI GANA EL NO?

Después, se ignorará cualquier prohibición o dictamen del Gobierno o de los organismos jurídicos estatales y, una vez hecho el recuento de los votos, si gana el ‘no’ se convocarán de forma inmediata elecciones autonómicas. Si gana el sí, entonces entra en vigor la ley de Transitoriedad Jurídica, que estipula todos los pasos para la creación de la nueva república catalana.

Desde Sociedad Civil Catalana, al igual que desde todos los sectores del Estado, se muestran extremadamente críticos con este texto que, asegura Gomà, “quedará en las estanterías del olvido y en el capítulo de las lástimas”. Tras la presentación del contenido de la norma de Junts pel Sí y la CUP, el rechazo ha sido unánime y se ha llegado a comparar con la asamblea constituyente de Venezuela, por lo que el portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Alejandro Fernández considera que los independentistas han convertido Cataluña en una "autocracia".

Margarita Robles la calificaba de “bodrio esperpéntico” y Joan Coscubiela, de Catalunya Sí Que Es Pot, también cargaba contra el texto, alertando, en declaraciones a 'Rac1', que son fuegos artificiales porque no se podrá aplicar ni hay tiempo suficiente tiempo para que se vote con un debate parlamentario. Tampoco encuentra apoyos entre los expertos en leyes. El colectivo de juristas catalanes 'Llibertats' ha advertido de que la ley de ruptura deriva hacia un "Estado autoritario con tintes populistas" y que es de "imposible homologación jurídica" dentro de un sistema democrático.

Desde el Ejecutivo catalán, impertérritos también ante estos comentarios, planean seguir con la ruta que marca la ley de desconexión. Carles Puigdemont proclamará la independencia sólo dos días después de conocerse los resultados de la consulta soberanista y arrancarán las negociaciones con el Estado y la Unión Europea. Paralelamente se iniciará un proceso constituyente con la participación de la ciudadanía, cuyas conclusiones serán vinculantes, este trámite se prolongará seis meses y, a su término, se llamará a los catalanes a votar de nuevo, pero esta vez en unas elecciones constituyentes. Después, se procederá a redactar la Constitución del eventual nuevo Estado. Otro medio año más tarde se convocará un referéndum para aprobar la Constitución y, después, habrá nuevas elecciones parlamentarias.

LA CLAVE ESTÁ EN EUROPA

Desde la ANC indican que hay un nerviosismo creciente entre los gobiernos europeos ante la inacción de Rajoy y su incapacidad de alcanzar un acuerdo

Pero de todos estos hitos, el realmente importante y donde se la juegan los soberanistas, es en la negociación con los estamentos europeos. El bloque separatista confía plenamente que, con la victoria del ‘sí’ en la mano, serán los países vecinos y las instituciones comunitarias quienes forzarán a Rajoy a sentarse a la mesa de negociaciones. Blanes hace suyas las palabras del representante permanente de Cataluña en la UE, Amadeu Altafaj, quien, en un artículo de 'El Punt Avui', considera que la solución vendrá “de fuera” y “forzada por las instituciones europeas”.

Desde la ANC indican que hay un nerviosismo creciente entre los gobiernos europeos ante la inacción de Rajoy y su incapacidad de alcanzar un acuerdo. Remarcan que Moncloa está atrapada por su propia estrategia, que es muy eficaz en su política interna, ya que el independentismo se ha usado en numerosas ocasiones como un escudo ante cuestiones como la corrupción del PP, por ejemplo, pero, al mismo tiempo, este comportamiento suscita cada vez más recelo a escala internacional donde “las objeciones y críticas son cada vez más evidentes”.

El dirigente de Sociedad Civil Catalana no cree que este sea el camino y expone que “el proceso de negociación siempre empezará cuando se calmen las cosas, antes o después de las elecciones oficiales y entonces sí será necesario atacar temas económicos, políticos, en materia lingüística, cultural y emocional”. La solución de la entidad unionista pasa por, “además del aspecto financiero, darle a Cataluña una mayor identidad cultural que suavice la carga emocional que se ha alentado desde el separatismo todo este tiempo”.

Las intenciones de Puigdemont, lejos de ir por estos derroteros, son otras. El 'president' catalán ha constatado que su deseo es que la hipotética transición hacia la república sea corta. Un año a lo sumo. La asociación contraria a la ruptura destaca la inviabilidad de esta opción. “Puertos, aeropuertos, redes viarias y ferrocarriles, cuencas hidrográficas, centrales térmicas y nucleares, embalses, gestión eléctrica e hidráulica, recursos económicos generales, seguridad social y pensiones, balanza comercial, moneda única europea y pertenencia a todos los organismos internacionales. ¿Alguien en su sano juicio puede ni siquiera plantearse una desconexión o una transitoriedad?”, cuestiona Gomà.

Los paralelismos con el Brexit son inevitables. Si en el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, los 18 meses estipulados ya se prevé que se quedarán cortos y en tres rondas de negociaciones aún no se ha alcanzado un consenso en la factura de la ruptura, parece evidente que el tema catalán será mucho más arduo de abordar. El secretario nacional de la ANC da la vuelta a la tortilla y expone que si algo deja patente el proceso de salida del país británico del bloque europeo es que es “realmente difícil quedar fuera de la UE”, lo que alimenta su argumentario de que una Cataluña independiente volvería a la unión a pesar de quedar “transitoriamente excluida”. De hecho, equipara el caso catalán con el de unificación Alemana, pero a la inversa, un acontecimiento “que se produce de la noche a la mañana y después se van estableciendo acuerdos y concretando todos los aspectos”.

En un último apunte, destaca Blanes que si se deriva en una inestabilidad política y económica en el seno de la UE y la Eurozona, juega en contra de los intereses de los estados miembros, de España y, por supuesto de Cataluña. Por este motivo se muestra seguro de que “se reconocerá la nueva realidad y se presionará a Rajoy para que se avenga a negociar porque será favorable para todas las partes implicadas”.