Rajoy y Puigdemont mueven ficha tras el referéndum del 1-O, entre la huelga general y la DUI

Los resultados numéricos del referéndum y los resultados tácticos, después de las cargas policiales de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que, según el mismo Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cumplían rigurosamente y “metódicamente” con sus órdenes, han envalentonado a Puigdemont. En las urnas, 2,2 millones de votos, un 90% a favor de la independencia. En las calles, 841 civiles heridos y 33 policías en el ejercicio de sus funciones obligados, según se ha dicho, por la pasividad de los Mossos d’Esquadra.

Y de un lado y otro de esta crisis institucional sin precedentes, un Mariano Rajoy y un Carles Puigdemont que seguirán con su propio guión. El del presidente del Gobierno pasa por convocar a los líderes de los partidos con representación parlamentaria, empezando por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Después, pedirá su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para valorar la situación catalana.

El de Carles Puigdemont se centra en seguir con su deriva, que se convierte en naufragio este día después, y aplicar la Ley Fundacional de la República Catalana, suspendida, al igual que el referéndum, por el Tribunal Constitucional (TC). Fiel a su papel, elevará los resultados de la consulta del 1-O al Parlament que será, según ha explicado el portavoz del Govern, Jordi Turull, en declaraciones a Cataluña Ràdio, el que decida sobre una declaración unilateral de independencia (DUI).

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y HUELGA GENERAL

Durante su comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, flanqueado por todos los miembros del Govern, Puigdemont señaló que Cataluña se ha ganado el derecho a "ser un Estado independiente". "Hemos dirigido un mensaje al mundo. Tenemos derecho a decidir nuestro futuro y a vivir fuera del Estado español", ha enfatizado el líder del Govern catalán.

La siguiente sesión parlamentaria, en principio prevista para el 4 y 5 de octubre, volverá a ser el escenario en el que se librará la batalla interna, aunque no se descarta que lo que se dé es una sesión extraordinaria. Los portavoces de los grupos parlamentarios deben fijar la fecha y el orden del día en un pleno que promete volver a dejar escenas similares a las vividas el 6 y 7 de septiembre. Pero en este caso será la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la cuestión pivotal alrededor de la que girará la casi asegurada bronca entre los 72 diputados soberanistas de Junts pel Sí y la CUP y el resto de la Cámara Catalana.

Pero antes, el paro general. Las protestas convocadas por sindicatos y entidades soberanistas para este lunes, día 2, y para el 3 de octubre, centrarán la reunión extraordinaria del Consell Executiu de este lunes, donde el Govern acordará su posición respecto a la convocatoria de huelga general. Turull ha considerado que es "lógico" que haya una protesta tras los heridos por las cargas policiales.

La Mesa de la Democracia, que aglutina a las entidades independentistas y a los sindicatos, ha llamado a la ciudadanía a secundar un paro absoluto de la región el 3 de octubre

La Mesa de la Democracia, que aglutina a las entidades independentistas y a los sindicatos, ha llamado a la ciudadanía a secundar un paro absoluto de la región. La CUP ha celebrado que los sindicatos se hayan sumado a la huelga que ya habían convocado algunos de ellos y que la formación independentista respaldaba, y ha llamado a todos los actores -políticos y sociales- porque no se trata sólo de una huelga de los trabajadores: "Es una huelga en defensa de los derechos democráticos”, ha señalado el portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat.

Para los 'cupaires' la huelga se convoca para levantar "un gran dique de contención al ataque salvaje de los derechos humanos" que considera que ha sufrido Catalunya con la actuación policial en los colegios electorales durante la jornada del 1-O.

LA CUESTIÓN DE LOS MOSSOS

Paralelamente a estas protestas, el nuevo punto de tensión, que ha suscitado una reprobación internacional casi inédita en la Europa moderna hacia la actuación de los cuerpos de seguridad de uno de sus estados, son las cargas policiales y el debate en torno a la actuación de los Mossos d’Esquadra.

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha defendido la actuación de la policía autonómica durante la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. Según ha señalado, la policía catalana "hizo lo que tenía que hacer", después de que seis juzgados catalanes hayan abierto diligencias para investigar si el cuerpo ha desobedecido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de impedir la apertura de centros de votación.

El catedrático de Ciencias Políticas Ferran Requejo, miembro del equipo de siete académicos que han supervisado el referéndum, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra han cerrado 160 colegios electorales sin causar heridos y que la Policía Nacional y la Guardia Civil han provocado más de 800 cerrando 90 centros. Tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido como el presidente y la vicepresidenta han cerrado filas en torno a la actuación de los cuerpos estatales, que en todo momento han calificado de “proporcionada”.

El Govern de la Generalitat no se ha quedado de brazos cruzados en este punto y ha presentado una querella ante el juzgado de guardia contra los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han participado en el operativo contra el referéndum de independencia, por su "manifiesta perturbación de la paz pública". ERC y observadores internacionales emprenderán acciones contra el Estado para llevarlo ante el Tribunal de la Haya.

Por último, el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ha anunciado que pedirá al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que insten al Consejo de Europa a actuar contra el Estado por las cargas policiales que ha habido este domingo contra el referéndum. En rueda de prensa, Romeva ha asegurado que invocará el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite al Consejo de Europa tomar medidas contra un Estado miembro si constata la "violación grave" del artículo dos del mismo tratado, que recoge los derechos fundamentales de los europeos.

REACCIONES DEL ESTADO

Ante todo esto, Rajoy ha convocado este lunes a las 16:30 en el Palacio de la Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar el escenario político abierto en Cataluña tras la jornada del 1 de octubre, según han informado fuentes del Ejecutivo.

Esta entrevista se produce después de que el propio Rajoy anunciara este domingo, en la comparecencia sin preguntas que ofreció para valorar la jornada en Cataluña, su intención de abrir una ronda de contactos con los partidos que tienen representación parlamentaria en el Congreso para "reflexionar" sobre un futuro que tienen que abordar "juntos".

En esa cita Rajoy también adelantó que este lunes pedirá comparecer en la Cámara baja para explicar los pormenores de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. La reunión con Sánchez, que también compareció este domingo, minutos después de que lo hiciese el presidente del Gobierno, a quien pidió una solución política a la crisis y "que negocie", se producirá horas después de que Rajoy se reúna con los suyos para valorar los acontecimientos.

Concretamente, Rajoy presidirá este lunes el comité de dirección de su partido, que analizará la jornada en Cataluña el 1 de octubre y los últimos pasos del presidente catalán. Pero Sánchez no ha sido el único citado este lunes en la Moncloa. El jefe del Ejecutivo central también ha convocado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a una reunión. Será después de verse con el líder del PSOE, a las 18.00 horas, cuando Rajoy reciba al dirigente de la formación naranja.

Pocas horas después de lo ocurrido en Cataluña y ante el redoblado desafío, con la DUI entrando en escena, nadie descarta la aplicación del tantas veces citado artículo 155 de la Constitución Española. Incluso la detención de cargos del Govern. De hecho, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido ambos extremos y la convocatoria de elecciones. La respuesta de Turull es que no se descarta nada tras el operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum porque "el Estado usó la porra como instrumento de diálogo".