- El impacto en los bancos es mínimo aseguran los expertos
- Podría haber consecuencias para los clientes de nuevas hipotecas
Algunas de las propuestas de las probables futuras alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, han generado mucho "runrún" entre empresarios, inversores y bancos. Se ha hablado de consecuencias legales, de pérdidas de contratos de grandes compañías y del impacto que algunas de las medidas concretas que van a promover en ambas ciudades para frenar los desahucios puedan tener en la banca y en los propietarios de pisos.
Lo primero que hay que aclarar es que la mayoría de iniciativas que se van a tomar se enfocan en que las familias con pocos recursos que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca no se queden al raso. Ya sea mediante acuerdos y programas para evitar que se dicten órdenes de desahucio o mediante ayudas y aportaciones económicas a las familias ya desalojadas de sus viviendas. Más concretamente, indica El País, en Barcelona los esfuerzos irán encaminados a acabar con los desahucios por motivos económicos y en Madrid se dispondrá, en los primeros 100 días de mandato de “todos los medios y recursos municipales para la paralización de desalojos de primera vivienda”.
Poco se puede hacer, sin embargo, cuando una orden ya se ha ejecutado, pero numerosas experiencias que se llevan a cabo en otras ciudades del Estado demuestran que se pueden tomar numerosas medidas preventivas y paliativas.
La mayoría de iniciativas se enfocan en que las familias con pocos recursos que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca no se queden al raso
OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA Y PARQUES DE VIVIENDA
El modelo elegido por Carmena en Madrid es el de la mediación. A tales efectos se pondrá en marcha una oficina municipal que asesore a las familias y proponga una solución alternativa a los desahucios a los bancos. Es un modelo que ya se lleva a cabo en el País Vaco, donde se han parado un 60% de los desalojos por impago, y en poblaciones de Barcelona como Santa Coloma de Gramenet donde funciona, desde noviembre de 2013 el Servicio de intermediación en deudas de la vivienda (SIDH), que opera en más de 30 puntos de Cataluña.
No obstante, hay amplias posibilidades de que el desalojo se efectúe, con lo que entonces el ayuntamiento ofrecerá asistencia económica a las familias o la reubicación en una vivienda municipal. Pero para ello, las candidatas de Barcelona en Comú y Ahora Madrid van a tener que dotar a los municipios con un parque más amplio de viviendas del ayuntamiento que puedan también ofrecer como alquiler social.
Colau ha hecho sus números sobre la cantidad de viviendas que quiere ofrecer bajo este régimen y ascienden a 8.000. La ex activista de la Plataforma de Afectados por al Hipoteca (PAH) cuenta con 4.000 pisos ya construidos que pretende doblar mediante más viviendas públicas pero también privadas.
Aquí es donde entran los bancos, fondos de inversión y grandes propietarios (nunca pequeños propietarios de pisos). Se ejecutarán planes de inspección de viviendas vacías y se instará a sus dueños a que los movilicen, de no hacerlo, se les sancionará.
En el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ya se lleva a cabo un programa similar y, de hecho, ya se han impuesto sanciones a 25 bancos y cajas por tener viviendas vacías, a fecha de diciembre de 2014. El importe de las multas asciende a 2.500 euros la primera de ellas y se pueden imponer hasta tres -la segunda es de 8.000 euros y la tercera de 15.000.
Ayuntamientos como Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ya han impuesto 25 multas a cajas y bancos por viviendas vacías
Según un informe del consistorio de la reelegida alcaldesa Núria Parlon, “las cuantías de las multas son bajas porque lo que quiere el Ayuntamiento de Santa Coloma no es sancionar, sino conseguir que les entidades financieras cedan viviendas para destinarlas a alquiler social a familias que no pueden acceder a las viviendas con rentas de mercado libre”. En el documento se alerta de que “se está desarrollando la campaña para inspeccionar de nuevo los 26 pisos localizados que en 2014 superan los dos años vacíos. Si se confirma que siguen vacíos, se impondrán nuevas multas, así como los declarados vacíos en el 2015”.
Explica eldiario.es que Barcelona en Comú ya tiene mecanismos para tirar adelante este tipo de sanciones gracias a una moción de la PAH que el pleno del ayuntamiento de la Ciudad Condal aprobó. Las cantidades son algo mayores: una primera multa de 5.000 euros, después de 10.000 y luego de 15.000 y, si no se consigue el objetivo, se puede multar con hasta la cantidad equivalente al valor de mercado.
IMPACTO SOBRE LOS BANCOS
Los expertos valoran estas medidas sancionadoras como de bajo impacto para las entidades bancarias. Tal y como explica Primo González en el blog "Retablos Financieros", “el impacto indirecto sería muy lesivo para los intereses de los futuros compradores de viviendas mediante hipotecas, ya que el sector financiero reforzaría sus cautelas y sus garantías para recuperar el dinero prestado en caso de impago de hipotecas”.
“El mercado de la vivienda parecía recuperarse en los últimos meses, entre otras cosas porque los bancos empezaban de nuevo a prestar dinero en hipotecas”, señala este experto. “Ahora, un golpe a la seguridad jurídica de la actividad hipotecaria e inmobiliaria podría dañar de forma considerable el desenvolvimiento de la actividad constructora”.
En cualquier caso, eldiario.es explica que los bancos, por ahora, se muestran interesados en reunirse con las nuevas alcaldesas en cuanto tomen posesión del cargo. Cita fuentes de Bankia que aseguran que están abiertos a hablar de todo y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ya ha manifestado su interés en encontrarse con Ada Colau.
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