"No hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político". Así de claro se ha mostrado el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en su cuenta de X, la antigua Twitter, al referirse a las conversaciones que su partido, Junts per Catalunya, está realizando con partidos para la formación de Gobierno.
Pese a negar negociaciones o propuestas concretas, el político fugado en Bélgica ha reconocido "conversaciones con distintos actores políticos", en las que "la mayoría son conversaciones que ya teníamos en la pasada legislatura, en la que Junts vivía sin opciones de participar en ninguna negociación por decisión de todos los actores políticos que ahora piden conversar".
"Quiero decir que hay que vigilar mucho en no confundir estas conversaciones con una negociación. Demasiado tiempo se ha querido utilizar el concepto "diálogo" como sinónimo del de "negociación", cuando son dos conceptos sensiblemente diferentes. El diálogo es previo a toda negociación; puede servir para fijar el marco en que ésta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no existe margen de negociación. Esto lo veremos en los próximos días", ha explicado el expresident.
Asimismo, Puigdemont ha indicado que la posición de Junts, "justo en medio de todo el tablero político", les otorga "una responsabilidad, sobre todo ante nuestros electores y los catalanes, y por eso importa tanto la forma como el fondo".
"Como nos propusimos no hablar ni a través de intermediarios ni tampoco a través de los medios, es inevitable que otros lo hagan por nosotros y se creen ficciones", ha añadido.
Por último, el expresidente catalán, que no tiene cargo orgánico en su partido pero sí ha acaparado el protagonismo en este proceso, ha señalado que hablará el próximo martes 5 de septiembre a las 11 horas para fijar el marco que Junts para abrir negociaciones.
El mensaje de Puigdemont llegó el mismo día en que la Ejecutiva de Junts mantuvo una reunión de trabajo a puerta cerrada para abordar el inicio del curso político.
El partido catalán ha adoptado un papel protagonista tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, donde obtuvo 7 escaños que, ante la falta de una mayoría clara para formar Gobierno, le permiten desbloquear la investidura hacia el lado conservador que lidera el PP o hacia el lado progresista que lidera el PSOE.
En los últimos días, el líder socialista y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, rechazó la propuesta del candidato a la investidura, el popular Alberto Núñez Feijóo, para dejarle gobernar dos años, tras los cuales se celebrarían elecciones generales. Feijóo aseguró haber ofrecido seis grandes pactos de Estado al PSOE que fueron rechazados y negó renunciar a la investidura, a pesar de que parece no contar con los votos necesarios. El PP únicamente tiene atados 172 votos a favor: los 137 suyos más los 33 de Vox y el de UPN y Coalición Canaria. Esto supone que faltarían cuatro para conseguir la mayoría absoluta necesaria y tampoco tendría los apoyos para lograr una mayoría simple en la segunda vuelta.
Por su parte, Sánchez planteó a Feijóo renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de final de año "gobierne quien gobierne". "Sánchez le ha propuesto a Feijóo que, sea quién sea la persona elegida por el Congreso como presidente del Gobierno, se comprometan formalmente a que, antes del 31 de diciembre de este año, se proceda a la renovación del CGPJ", indicaron desde el PSOE. Hay que recordar que el CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018. Sin embargo, el partido socialista asegura que esa propuesta fue rechazada por parte de Feijóo.
Fuentes socialistas aseguran mostrarse confiadas del fracaso de Feijóo de cara al debate de investidura que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre y a una futura investidura de Sánchez, que podría darse a mediados de octubre. Cabe recordar que, si Feijóo no logra los apoyos necesarios para ser investido, comienza a contar un plazo de dos meses para posibles nuevos intentos. Si el 27 de noviembre persiste la situación de bloqueo, se disolverán las cortes y se procederá a convocar unas nuevas elecciones generales a los 47 días.
