- El jefe del Ejecutivo autonómico da a entender que no acatará el 155
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, atenderá al requerimiento que le enviará la comisión extraordinaria del Senado que debatirá la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que comenzará a trabajar este martes, a la una de la tarde. Acudirá a la Cámara Alta para hacer una última llamada al diálogo antes de que se apruebe la intervención del Govern, pero en estos momentos, su agenda es un auténtico sudoku parlamentario. Se pueden llegar a superponer el pleno del Parlament de Catalunya sobre la independencia, convocado el jueves, y su comparecencia en el Senado.
El plazo para que el líder catalán presente alegaciones dibuja una ventana que se abre hasta el jueves, día en que la cámara catalana ha decidido celebrar una sesión plenaria para abordar la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. La decisión es consecuencia de una solicitud registrada este lunes por JxSí y la CUP, y los dos grupos han aplicado su mayoría en la Junta de Portavoces para certificar la celebración de este pleno el 26 de octubre.
Ambas citas podrían acabar solapándose en la agenda de Puigdemont, por lo que el president podría acabar acudiendo al pleno en Cataluña por la mañana y al Senado por la tarde.
Ambos grupos piden que el pleno se celebre con "urgencia" pero no fijan una fecha concreta, lo que significa que aún no está cerrado que sea forzosamente el jueves. Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que varios grupos han pedido que no concrete la fecha, para facilitar que el presidente de la Generalitat pueda comparecer ante el Senado.
Pero ambas citas podrían acabar solapándose en la agenda de Puigdemont, por lo que el president podría acabar acudiendo al pleno en Cataluña por la mañana y al Senado por la tarde. La sesión en la cámara catalana se dejaría entonces en suspenso, a falta de votar las conclusiones, y se concluiría el viernes.
NO ACTARÁ EL 155
Entretanto, el líder catalán ha vuelto a dar a entender que no acatará el artículo 155 de la Constitución. Así, ha señalado este lunes que el Estado quiere a una Cataluña sumisa y que acate órdenes: "El Estado español ya ha hecho saber qué Cataluña quiere: disminuida y humillada. Una Cataluña que acepte sin chillar su vergonzante falta de inversión o su insostenible déficit fiscal y su constante disminución del autogobierno".
"Una Cataluña que si alza demasiado la voz, se la castiga y se la agrede. O se le perjudica deliberadamente su capacidad económica. Y que si incluso así sigue alzando la voz, una Cataluña suspendida, en la que la voluntad de los ciudadanos no cuenta, y donde se pueda cesar al Govern y al Parlament a pesar de tener el apoyo indiscutible de la ciudadanía", ha añadido.
Asimismo, el presidente catalán ha remarcado que un empresario "nunca enviaría a la policía a pegar a sus clientes" que han dejado de comprar sus productos, en referencia a las cargas policiales que tuvieron lugar durante la jornada de referéndum del 1 de octubre.
Así lo ha dicho en la XXIII Nit de l'Empresari organizada por Cecot en el Teatre Nacional de Cataluña, donde ha sido largamente ovacionado a su entrada al recinto y durante su discurso, interpretando lo sucedido en el 1-O y el trato que el Estado da a Cataluña en el ámbito empresarial: "No se puede retener a los clientes por la fuerza ni contra su voluntad".
"Como país, y como muchas empresas, no se ha llegado aquí por conjunción de azar, sino que se ha llegado claramente por la fuerza de la gente", ha dicho el presidente de la Generalitat, y ha mantenido la apuesta por el diálogo y la mediación hasta el último momento.
CRÍTICAS A EUROPA
El presidente del Govern también ha criticado la postura de la Unión Europea en el conflicto entre Gobierno y Generalitat, y ha insinuado que Europa tiene más de una cara: "Tolera la unilateralidad de no acoger refugiados y de incumplir la construcción del Corredor Mediterráneo. Esta Europa no es la que gusta y corre el riesgo de convertirse en una carcasa vacía".
"Encontramos insostenibilidad, desinterés e insolidaridad cuando en la carta fundacional de los derechos humanos todo esto aparece", y ha asegurado que la sociedad se está alejando de aquellos modelos que son capaces de traspasar el Estado de derecho para asegurar su 'status quo'.