Puigdemont descarta las elecciones al no tener "garantías" de Rajoy y deja en manos del Parlament la DUI

Parecía seguro que Puigdemont iba a llamar a los catalanes a las urnas para frenar el 155, pero ha pedido una serie de garantías al Gobierno que Rajoy no estaba dispuesto a dar

Desde primera hora de la mañana se hablaba de la posible convocatoria anticipada de elecciones, una decisión del propio Puigdemont para evitar la catástrofe a la que se ve abocaba la comunidad ante la acción del Gobierno. La noticia ha dado un vuelco a la situación, y ha provocado un gran movimiento tanto en Barcelona como en Madrid, donde las reuniones, llamadas y negociaciones no han dejado de sucederse. Parecía seguro que el president iba a hacerlo, que iba a llamar a los catalanes a las urnas para frenar la aplicación del artículo 155, pero ha pedido una serie de garantías al Gobierno que Mariano Rajoy no estaba dispuesto a dar.

Se ha especulado con que la Generalitat había pedido al Ejecutivo español no sólo que garantizase la suspensión del mencionado artículo de la Constitución, sino también que garantizase la salida de prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y al no lograrlo, ha dado marcha atrás y ha decidido no convocar elecciones.

El propio Puigdemont ha explicado en la declaración institucional que ha ofrecido desde el Palau de la Generalitat que ha tomado esta decisión al no contar con las "garantías suficientes". "En estas últimas horas he considerado la posibilidad de ejercer mi potestad, como president de la Generalitat, de convocar elecciones", ha dicho, porque su deber "es agotar todas las vías, todas, para encontrar una solución dialogada y pactada". Pero según ha explicado, no ha sido posible.

"He estado dispuesto siempre y cuando se diesen las garantías", pero a día de hoy "no existen garantías que justifiquen la convocatoria de elecciones". Y no existen porque, según ha dicho, no ha sido la voluntad del Gobierno darlas. "Mi deber era intentarlo", sobre todo para intentar "paralizar el impacto sobre nuestras instituciones" de la aplicación del artículo 155 y de las medidas que el Ejecutivo de Rajoy ha propuesto, que a su entender están "fuera de la ley", son "abusivas e injustas", y lo único que buscan es "erradicar el soberanismo, la tradición del catalananismo".

Puigdemont ha dejado claro que no acepta estas medidas "por injustas" y porque "esconden la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el día 1", ha apuntado en referencia al referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre. El dirigente catalán ha insistido en que se hubiesen podido celebrar elecciones y que ha intentado lograr las garantías necesarias para ello, pero su interpelación "no ha tenido una respuesta responsable por parte del PP, que ha aprovechado para añadir tensión en un momento en el que hace falta sosiego".

El PARLAMENT SERÁ EL QUE DECIDA

El presidente de la Generalitat ha continuado asegurando que "nadie podrá reprochar, nadie tiene derecho a reprochar, nuestra voluntad de dialogo y de hacer política". "Nadie puede decir que no he estado dispuesto", ha señalado echando las culpas de lo ocurrido, una vez más, al Gobierno de Rajoy. "Comprobamos con mucha decepción que la responsabilidad sólo nos es exigida a nosotros, y a los otros se les permite irresponsabilidad", ha incidido.

"En las próximas horas el compromiso con paz y civismo deben mantenerse, sólo así podremos ganar"

Por ello, ha decidido seguir con el mandato de la ciudadanía, porque esa es su "responsabilidad". "He intentado obtener un compromiso, con serenidad", pero no ha sido posible. Ahora, ha explicado, es momento de seguir "practicando" el "civismo y la paz". "Durante las próximas horas el compromiso con paz y civismo deben mantenerse, sólo así podremos acabar ganando", ha dicho Puigdemont, que ha dejado en manos del Parlament la respuesta tanto al 155 como al mandato que los catalanes dieron en las urnas el pasado 1 de octubre, es decir, la posible Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

"Corresponde al Parlament determinar qué hacer con la aplicación del 155", ha afirmado, y ha dicho que también está en manos de la Cámara autonómica catalana "seguir con el mensaje que resultó del 1-O". Precisamente, el Pleno del Parlament, previsto para esta tarde a las 17:00 tras varios cambios de hora, se ha vuelto a retrasar hasta las 18:00 ante la comparecencia del presidente catalán. Queda por ver cómo se desarrolla el debate y qué es lo que decide.

EL GOBIERNO YA HABÍA AVISADO

Puigdemont ha intentado un último acuerdo 'in extremis' antes de que avanzase aún más el proceso en el Senado para la tramitación del artículo 155. Pero el Gobierno no ha pasado por el aro ante las condiciones que ha tratado de imponer y porque su intención es que se paralizasen por completo las medidas planteadas por el Ejecutivo, entre ellas la destitución de todo el Govern, el control de la Hacienda catalana y la intervención de los Mossos, y de los medios de comunicación públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio.

En los últimos días varios ministros habían señalado que simplemente el anticipo de elecciones no paraba la actuación del Estado. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo este martes que Cataluña debía también volver a la legalidad, que es el fin último del Gobierno al haber planteado la aplicación del artículo 155. Es decir, el Gobierno exigía a los independentistas deshacer el camino andado desde las sesiones del Parlament celebradas los pasados 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron la leyes del referéndum del 1 de octubre y de la constitución de la república, que fueron posteriormente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Ante las informaciones que apuntaban a un posible adelanto electoral, el Gobierno de Rajoy ha sido claro: su intención era seguir por ahora con los trámites del 155 hasta asegurarse de que Cataluña volviese a la legalidad, sobre todo después de las idas y venidas de Puigdemont y el resto de sus consejeros. Y eso es, según el presidente de la Generalitat, lo que ha acabado por dinamitar el posible adelanto electoral.