- La audiencia ha comenzado en torno a las 09:00 horas y se ha alargado hasta más de las 12.00
- Los abogados de la defensa han anunciado que el juez les ha emplazado al día 14 para conocer la decisión
El juez del tribunal belga de primera instancia que debe decidir sobre la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros anunciará su decisión el próximo 14 de diciembre, según han anunciado los abogados de la defensa.
La Fiscalía de Bruselas ha reiterado en la vista celebrada este lunes que avala la extradición de los políticos catalanes por cuatro de los cinco delitos que les imputa la Audiencia Nacional --todos menos el de prevaricación-- mientras que la defensa ha argumentado que "no debe haber lugar a la extradición por que los hechos reprobados no son punibles en Bélgica" y que si fueran extraditados se pondría en riesgo el respeto a sus derechos fundamentales.
Los abogados de los cinco políticos catalanes comparecerán en breve para informar del desarrollo de la sesión, tras la que se esperaba que el juez fije una fecha para anunciar su decisión o celebrar una nueva vista. La audiencia ha comenzado en torno a las 09:00 horas. La Policía belga ha puesto en marcha un importante dispositivo de seguridad que ha impedido ver a los cinco políticos catalanes llegar a la sede del tribunal y que mantiene a los medios de comunicación y curiosos a distancia del edificio.
La cita ante el Tribunal de Puigdemont y sus exconsellers de este lunes es la continuación de una primera vista el pasado 17 de noviembre que apenas duró una hora en el Palacio de Justicia de Bruselas. Entonces no intervinieron las defensas de los reclamados por España, sino que el juez neerlandés --idioma escogido por los acusados para el proceso-- optó por aplazar la audiencia tres semanas, para dar tiempo a preparar las argumentaciones.
ARGUMENTOS
Entre tanto, las partes han tenido que presentar sus argumentos escritos y han podido "intercambiar documentos" para preparar la vista, según varias fuentes consultadas.
El equipo de abogados de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín comenzará su exposición a la misma hora en que en Madrid el Tribunal Supremo anuncie si deben seguir en prisión preventiva los exmiembros del Govern encarcelados o quedar en libertad.
El Tribunal podría tardar "entre ocho y diez días" en tomar una decisión
Sin embargo, los letrados de Puigdemont creen que "jurídicamente no afecta" la decisión del Supremo, sea cual sea, y no creen que haya que vincular estas dos situaciones, según fuentes de la defensa consultadas por Europa Press.
La defensa cuenta con alegatos "muy extensos" que van desde cuestionar que los delitos que se les imputa en España tengan su encaje en el ordenamiento jurídico belga (doble incriminación) hasta sostener que si son entregados se enfrentarán a un juicio "político" y "falto de garantías", han añadido las fuentes.
Aunque la Fiscalía de Bruselas podría intervenir también en esta sesión, su representante ya lo hizo por primera vez en una breve vista el pasado 17 de noviembre, en la que avaló ejecutar las cinco órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) por todos los delitos que se les imputa --incluyendo los de rebelión y sedición-- salvo el de prevaricación.
No hay plazos estrictos para una decisión en casos de personas que no se encuentran en prisión, pero fuentes de la defensa de Puigdemont consultadas por Europa Press estiman que el Tribunal podría tardar "entre ocho y diez días" en tomar una decisión.
Con todo, la decisión de la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia) es apelable en el plazo de 24 horas por cualquiera de las partes, en cuyo caso el recurso pasaría al Tribunal de Apelación.
Las partes podrían recurrir finalmente al Tribunal de Casación, aunque no constituye una tercera instancia ya que la corte no examina los hechos del asunto, sino que controla el cumplimiento de la legalidad durante el proceso.
Así las cosas, el proceso para que la Justicia belga tome una decisión definitiva puede durar hasta un máximo de 90 días, de acuerdo a las reglas de la Unión Europea que rigen en las euroórdenes, con lo que lo más probable es que no se resuelva el caso hasta pasadas las elecciones del 21 de diciembre si se agotan todos los plazos.