Aumentar los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, derogar la reforma laboral y subir el salario mínimo. Son algunas de las medidas que se incluyen en el programa de Gobierno que PSOE y Unidas Podemos presentarán en la tarde de este lunes en el Congreso de los Diputados a la espera de que se fije una fecha para la investidura.
Bajo el nombre 'Coalicion progresista. Un nuevo acuerdo para España', el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, han elaborado un programa en el que se detalla que el IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para rentas superiores a 140.000 euros. "Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo.", afirman.
Para el Impuesto de Sociedades se fijará un tipo mínimo del 15%, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y las empresas de energía. Para las pymes, aquellas que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.
Para el Impuesto de Sociedades se fijará un tipo mínimo del 15%, que se sitúa en el 18% para los bancos
En el ámbito laboral, está previsto que se deroguen aspectos concretos de la reforma de 2012, lo que supone un paso más de la modificación de determinados aspectos que se preveían. Así, el documento promete recuperar "los derechos laborales arrebatados" por la reforma llevada a cabo por Mariano Rajoy.
Aquí se prevé tumbar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Además, elaborarán un nuevo Estatuto de los Trabajadores, previo diálogo con los agentes sociales, "que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras" y el "reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario".
También se incluye una de las medidas pactadas entre ambos partidos, la de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio en España. De esta manera, se situará en los 1.200 euros al finalizar la legislatura.
En materia de pensiones se elimina el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de 2013, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema "a medio y largo plazo", eso sí, siempre en el marco del Pacto de Toledo. Así, se comprometen a actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.
Como novedad, se introduce la propuesta de crear un ingreso mínimo vital como prestación de Seguridad Social. Aquí se incluye, en un primer momento, el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.
VIVIENDA
En cuanto a la vivienda, el texto habla de regular el alquiler, a través de impulsar las "medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Además, pondrán en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
Movilizarán suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, habrá una reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación y se fomentará también el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
En cuanto a las personas hipotecadas, podrán acogerse a nuevas medidas de carácter normativo que refuercen su protección, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas.
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