BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)
La Comisión Ejecutiva del PSE-EE ha manifestado este martes su "máximo respeto" ante el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia de Álava en el conocido como 'caso De Miguel', a la vez que ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "conductas reprochables desde el punto de vista ético, además de delictivas, se vean sancionadas y expulsadas del ámbito político e institucional".
En un comunicado, los socialistas se han pronunciado, de esta forma, tras conocerse este martes la resolución judicial en la que el antiguo 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Álava a 13 años y tres meses de cárcel por diversos delitos relacionados con las actividades de una trama vinculada a excargos de la formación 'jeltzale', que han sido enjuiciados en el mayor proceso por corrupción de la historia de Euskadi.
Los socialistas han expresado su "total confianza en la Justicia y el máximo respeto a la sentencia" hecha pública hoy por el tribunal, y han hecho una valoración "positiva" del trabajo desarrollado tanto por los órganos judiciales, como por la Ertzaintza, "en su condición de policía judicial, a lo largo de todo el proceso de investigación e instrucción del caso, así como en la determinación definitiva de las responsabilidades penales y administrativas".
También han mostrado su satisfacción por el hecho de que "conductas reprochables desde el punto de vista ético, además de delictivas, que contarán siempre con el rechazo, la condena y el combate por parte del PSE-EE, se vean sancionadas y expulsadas del ámbito político e institucional, preservando la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos y en el Estado de Derecho".
Así mismo, han mostrado su confianza "tanto en la labor ejercida" desde su "responsabilidad en el Gobierno Vasco", con la puesta "a disposición de la Justicia" de toda la información en su poder, así como en el trabajo parlamentario desarrollado hace dos legislaturas "sobre el mal uso de dinero público, el rechazo a cualquier forma de corrupción y clientelismo y el impulso a los mecanismos para garantizar la limpieza y la transparencia en la contratación".
Unas conclusiones, han recordado desde el PSE-EE, recogidas entonces en un documento que "delimitó el alcance de las responsabilidades políticas y dejó la cuestión penal en el ámbito competente, que es el que hoy ha resuelto".