- Es una "reacción a la falta de Gobierno de JxCat y ERC", defienden desde el partido
El socialismo se ha esforzado por cerrar filas con el líder del PSC, Miquel Iceta, después de la tormenta perfecta desatada por sus declaraciones sobre la necesidad de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El mismo Pedro Sánchez acudió en su defensa este fin de semana y el partido tendrá una oportunidad de oro para tratar de zanjar las dudas alrededor de su presunto coqueteo con el independentismo, gracias a la moción que se debatirá esta semana en el Parlament de Catalunya contra el President de la Generalitat, Quim Torra.
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El grupo parlamentario del PSC se esfuerza por desligar la medida del revuelo suscitado por la "reflexión" de Iceta, que reconocen que llegó en un momento "inoportuno". Pero como la mujer del César no sólo debe ser casta, sino también parecerlo, no escapa a nadie que la iniciativa presentada el 21 de marzo va como anillo al dedo a la formación en unos momentos en que corre el riesgo de que el resbalón de uno de sus máximos dirigentes les pase factura en las urnas.
"El objetivo no es desmarcarnos de las declaraciones de Iceta de la semana pasada", explican fuentes del partido. Sino que la moción surge de la interpelación hecha en el pleno anterior de la Cámara catalana. Por lo tanto, "no es una reacción a las palabras de Iceta, sino a la falta de gobierno de JxCat y ERC", enfatizan.
Así, en la sesión de control del 20 de marzo, la portavoz socialista, Eva Granados, afirmó que el Govern ha perdido 106 votaciones de las 321 que se han producido en la Cámara en lo que va de legislatura. El primer secretario del PSC, por su parte, instó a Torra a someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones.
Por lo tanto, la iniciativa pide que el Parlament constate la "inoperancia del Govern de la Generalitat, la falta de presupuestos para el año 2019 y la pérdida de la mayoría parlamentaria". "No pueden ni presentar en el Parlament sus cuentas, que han prorrogado ya tres años", subrayan desde la bancada socialista en la Cámara catalana. "Deberían hacer como hizo Carles Puigdemont: convocar elecciones o una moción de confianza", insisten.
DEBILIDAD PARLAMENTARIA DE TORRA
El PSC confía en el éxito de su medida, ya que creen que se dan las condiciones para que salga aprobada. En primer lugar, es fruto de la estrategia de los socialistas y Ciudadanos de esperar pacientemente a que el Govern de Junts Per Catalunya y Esquerra Republicana acabe por quebrarse. En lugar de presentar una moción de censura que no tiene visos de prosperar, ya que uniría a las fuerzas soberanistas contra cualquier candidato de los grupos constitucionalistas, han apostado por erosionar el pacto en la Generalitat y en el Parlament.
Los números hablan por sí mismos: los grupos que forman el Ejecutivo autonómico han perdido un tercio de las votaciones presentadas en el último año. Además, el Parlament ha aprobado solo cuatro leyes en lo que va de año y el Govern ha impulsado siete proyectos de ley. Los expertos explican que el Ejecutivo tiene gran parte de su tiempo consumido en sus aspiraciones independentistas y en gestos simbólicos, por lo que queda poco margen para la acción de Gobierno.
Además, este comportamiento ha acabado por hartar a la CUP porque considera que la Generalitat no ha dado pasos efectivos hacia la soberanía. La fuerza anticapitalista rompió con neoconvergentes y republicanos la semana pasada, cuando puso sobre la mesa un adelanto electoral en Catalunya. A juicio de los 'cupaires' la legislatura está "agotada", por lo que no se descarta que se unan a la presión del PSC sobre Torra.
Los socialistas saben que los diputados anticapitalistas tienen en sus manos exigir al líder del Govern que pida la confianza de la Cámara y "si son consecuentes, deberían poder votar a favor (o abstenerse) en este punto", comentan fuentes parlamentarias. Por lo tanto, la mayoría restante aprobaría que Torra impulsara una moción de confianza. "Es muy probable que salga adelante", comentan, otra cosa muy diferente es cómo reaccione Torra. El dirigente autonómico no está obligado a escuchar a la Cámara y puede decidir atornillarse a su silla.