Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero de la editora de La Razón y mano derecha de Ignacio González en los negocios internacionales del Canal de Isabel II, ingresará en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. El juez ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese prisión sin fianza.
El juez considera a Rodríguez Sobrino como una pieza clave en la supuesta trama corrupta de la empresa pública Canal de Isabel II. Sobrino está relacionado con la compra de una compañía brasileña por parte del Canal que causó un agujero de 23,2 millones de euros en las cuentas de la sociedad de aguas madrileña. Además, para la adquisición de la compañía brasileña se habría utilizado empresas pantalla en Uruguay, que acabarían desviando el dinero a Suiza.
La investigación también ha revelado un importante patrimonio inmobiliario de Rodríguez Sobrino en el extranjero, además de depósitos bancarios en el país helvético que regularizó en la amnistía fiscal, según un auto del juzgado citado por EFE.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha comenzado a declarar ante el juez Velasco en torno a las 18.00 horas de hoy por su implicación en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la 'Operación Lezo', han informado fuentes jurídicas. Antes de él han pasado a disposición judicial su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero, que se ha negado a declarar.
La defensa de González hasta este viernes ha sido ejercida por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración está siendo asistido por Esteban Mestre.
El resto de detenidos en la operación pendientes de declarar este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 son el consejero de OHL Javier López Madrid y el que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que está previsto que sean interrogados en las próximas horas.
A las siete de la tarde aún estaba pendiente de conocerse de forma oficial la decisión que adoptará el juez Velasco respecto del expresidente ejecutivo ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), filial del Canal de Isabel II -actual consejero delegado de la empresa editora de para quien la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión incondicional tras oírle en declaración.
Antes de él, la primera en pasar a disposición del instructor del caso ha sido la exsecretaria de Sobrino, Clarisa Guerra, quien ha quedado en libertad aunque con la obligación de comparecer mensualmente en el Juzgado. El magistrado investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 25 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica.
Velasco decretó anoche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín --que ya ha prestado aval- y que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Les imputa presuntos delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción-, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23,3 millones de euros.
Además el juez también tomó declaración el jueves en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
Igualmente han prestado declaración en esta causa el presidente y el director de 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.
La 'operación Lezo' estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.
Además, los agentes solicitaron en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.
