El 2 de noviembre es la fecha que se ha dado como límite por el Tribunal Supremo para que la Abogacía del Estado, la Fiscalía y Vox presenten sus escritos de acusación contra el exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, y los otros 17 líderes independentistas que se sentarán en el banquillo. El alto tribunal ha decretado el cierre del sumario por rebelión, malversación y desobediencia, pero la clave está en el primero de estos tres delitos y en la decisión que tomen los Abogados del Estado. Un punto fundamental para la aprobación de los Presupuestos Generales del año próximo.
Los partidos soberanistas han demandado al Ejecutivo que influya directamente en la Fiscalía y en la acción judicial a cambio de su imprescindible respaldo a las cuentas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera aprobar a principios de diciembre. Desde el entorno del expresident del Govern, Carles Puidemont, se persigue un sobreseimiento del caso, extremo poco probable en un juicio político, según apuntan fuentes jurídicas a ‘Bolsamanía’.
No obstante, los republicanos han ido suavizando su discurso hasta hablar de gestos de Moncloa que reconozcan “la barbaridad de penas” que pesan sobre las cabezas de los 18 encausados. Y en estas está el Gobierno, que ha insinuado que está dispuesto a soslayar el delito de rebelión, por el que se podrían llegar a pedir penas de 30 años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Incluso se habla de que el cuerpo de letrados se ceñirá a la malversación de caudales públicos y descartará presentar acusación por los otros delitos
El único cuerpo legal que depende del Ministerio de Justicia y, por ende, el único que debe sujetarse a lo que indique el Gobierno es, precisamente, la Abogacía del Estado. Por lo que las indicaciones de Sánchez podrían ser aplicadas de manera que sólo presentaran acusaciones por malversación y desobediencia. “Es lo que defendemos desde hace muchos meses en el PSC: que el delito de rebelión no se ajusta a lo que pasó en Cataluña, por lo tanto, parecería lógico que la querella de los Abogados estatales no lo incluyera”, comenta Raúl Moreno, diputado del PSC.
Incluso se habla de que el cuerpo de letrados se ceñirá a la malversación de caudales públicos y descartará presentar acusación por los otros delitos. Todas las fuentes consultadas coinciden en que aún es pronto para aseverar qué decisión adoptarán. La misma vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que las calificaciones de este organismo no se conocen hasta que no se hagan públicas en el plazo de siete días.
¿SERÁ SUFICIENTE?
La pregunta es sí esta concesión satisfará a Esquerra republicana y al PDeCAT y será suficiente para que apoyen los Presupuestos. En el caso de ERC sí que se ha visto una cierta predisposición a dar ese paso. “No obstante hay voces en las filas republicanas que consideran insuficiente esta hipotética decisión de los Abogados del Estado”, apuntan fuentes parlamentarias. Menos claro está el caso del PDeCAT, cuyos votos son tan necesarios como los de los diputados del partido de Oriol Junqueras para que se supere el trámite en el Congreso.
En estos momentos, la situación sigue siendo tan incierta como antes de la reunión que mantuvieron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias y Junqueras y de la conversación telefónica entre Iglesias y Puigdemont. “Todas las conversaciones y que lo políticos hablen siempre ayuda un poco a todo”, valora Moreno, quien descarta que el podemita haya hecho cambiar de parecer a los líderes soberanistas y se decanta por pensar que sendos encuentros jugaban más a favor de los intereses de Podemos.
De hecho, tanto el líder de la formación morada como el republicano señalaron que no abordaron los presupuestos. “Todavía es pronto para que puedan haber las condiciones para hablar de presupuestos", declaró Iglesias al finalizar su encuentro con el líder republicano. E insistió en que el Gobierno ya sabe "lo que tiene que hacer" para que pueda haber una negociación.
En el entorno socialista reconocen que el Gobierno no tiene mucho más margen de maniobra, ya que hay pruebas que respaldan el resto de delitos por lo que “poco más se puede hacer desde el punto de vista legal”. Su influencia sobre la Fiscalía, además, de poco ortodoxa es inexistente. “Sólo pueden orientar al Ministerio Público, pero este puede desoír al Ejecutivo y seguir adelante con las acusaciones por los tres delitos que ha establecido el Tribubal Supremo en su sumario”, señala un fiscal consultado. Por último, está la acusación popular de Vox, que “irá a por todas”, comenta.
