Discordia entre los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los barones del PP, el president catalán, Quim Torra, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu han alzado la voz este domingo contra el plan del Ejecutivo de seguir prorrogando el estado de alarma y exigen un retorno inmediato de las competencias en la desescalada. Ni los 16.000 millones prometidos para la reconstrucción tras la pandemia ni el déficit al 0,2% han logrado atraer sus posiciones hacia la aprobación de una nueva ampliación de otros 15 días de las medidas excepcionales por la pandemia que se votará el miércoles en el Congreso. Sin los votos del PP, PNV, Cs y con los posibles ‘noes’ de JxCat y ERC, no saldrá adelante.
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La falta de entendimiento ha sido absoluta en la octava conferencia de presidentes autonómicos que se hay celebrado este domingo. Ni siquiera todos los presidente socialistas han aceptado las medidas sin protestar, por ejemplo Francina Armengol ha reclamado más flexibilidad en el déficit, y los populares Alberto Núñez Feijóo o Juanma Moreno han criticado el "uso desproporcionado" del estado de alarma. En concreto, el presidente de la Xunta ha sugerido que "hay legislación ordinaria" para realizar la desescalada y el de la Junta andaluza ha señalado que el estado de alarma debería retirarse este mes de mayo.
Su postura, sin embargo no ha sido tan intransigente como la de Urkullu, que ha solicitado formalmente al presidente Pedro Sánchez que se reformule "el modelo de gestión de esta crisis", y "que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad", para pasar a implementar la legalidad ordinaria con el fin de "garantizar la salud pública y el retorno paulatino a la normalidad institucional". En declaraciones anteriores, el PNV ha dado señales de no estar dispuesto a seguir votando a favor de perpetuar la situación actual ‘sine die’ y aún menos después de que Sánchez reconociera este sábado que su Ejecutivo no tiene un ‘plan B’ que sustituya a la actual desescalada.
Fuentes conocedoras indican que Moncloa mantiene la esperanza de que el plan anunciado este domingo a las autonomías sirva de acicate para retener votos de cara al trámite en la Cámara baja de este miércoles. Lejos de esto, Torra ha considerado "insuficiente" la flexibilización del déficit autonómico al 0,2%, y frente al anuncio de 16.000 millones de euros del Ejecutivo para las autonomías, ha recordado que la Generalitat ha cifrado en 4.000 millones el coste de la crisis del Covid-19 en Cataluña. Además, ha pedido a Sánchez aprobar una renta universal y suspender los impuestos, y prudencia para no ser "prisioneros de los calendarios en el desconfinamiento”.
En la misma línea que Urkullu, ha reclamado de nuevo a Sánchez que la Generalitat tenga competencias para gestionar la desescalada del coronavirus en Cataluña, bien sea no prorrogando el estado de alarma, bien excluyendo a Cataluña de esa decisión o bien nombrando al Govern autoridad competente, como ya planteó Torra la semana pasada. Sus socios de Govern, ERC, han considerado que la respuesta del Gobierno "se queda a medio camino" y han reclamado más medidas.
6.000 MILLONES AHORA Y 10.000 EN EL SEGUNDO SEMESTRE
El Gobierno abonará en tres tramos el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado este sábado por Pedro Sánchez de manera que los primeros 6.000 millones se abonarán en el "corto plazo" y el resto en otros dos "en la segunda parte del año".
Así lo han avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa este domingo. Montero también ha detallado que el fondo se distribuirá entre las comunidades autónomas en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el Covid-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.
En concreto, los 10.000 millones que se destinarán a cubrir gastos sanitarios se distribuirán en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia y los 1.000 millones para gasto social se repartirán por criterios poblacionales.
Por último, los 5.000 millones destinados a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica se distribuirán en función de los datos de caída de la recaudación.
EL ÚNICO INSTRUMENTO POSIBLE
Illa y Montero también han insistido este domingo en que el estado de alarma es el único instrumento legal posible para controlar la denominada desescalada y por tanto han pedido "responsabilidad" y "sentido común" a los partidos de la oposición para la votación de la prórroga en el Congreso.
Illa ha defendido que en la "compleja" etapa de desescalada que se inicia este lunes "es imprescindible" continuar con el estado de alarma como única manera de seguir controlando la pandemia "de una forma eficaz". Además, ha explicado que es la única forma que la Constitución contempla para restringir la movilidad, permitiendo que haya "reglas comunes" para todo el territorio y, si hubiera un rebrote, tenerlo a disposición.
