El vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que pide al Gobierno renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva caducado casi cuatro años. Asimismo, muestra la preocupación que se tiene por el estado de la Justicia española, ya que, la legislación de hoy en día no garantiza la absoluta despolitización de la Justicia. La reacción de Bolaños no se ha hecho esperar, y este ha sido muy contundente en su rechazo desde La Rioja, tachándola de ser un listado ''de excusas''.
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El ministro de la Presidencia ha despreciado la carta enviada por el señor González Pons, ya que considera que no ha sido el mejor medio escogido, ''me pueden llamar por teléfono y en una tarde lo hacemos'', declara Bolaños. Además, ha reiterado Bolaños, ''o se está con el estado derecho o estás insumiso al cumplimiento de la ley y de la Constitución''.
En cuanto a la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ha sido tajante en dejar tiempo ''a que los vocales del CGPJ hagan su trabajo''. Por su parte, Bolaños ha manifestado en nombre del Gobierno ante la amenaza por parte del Presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que ''su máximo respeto por el funcionamiento del Consejo y de sus vocales. Tienen un plazo legal, están trabajando y desde el Gobierno lo único que deseamos es que hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones y que cumplan la ley''.
LAS PROPUESTAS DEL PP
En su misiva, González Pons afirma que "es anacrónico que, a estas alturas de nuestra Democracia, la elección de los representantes de los jueces siga dependiendo de la decisión arbitraria de los cargos políticos". Además, añade que esta preocupación no es exclusivamente por su parte, sino que también, por parte de instituciones europeas.
En su comunicado, González asegura que ya fue enviada al anterior gobierno, pero asegura que "los planes de Gobierno eran otros", según González.
Se han presentado una serie de medidas para este cambio a Bolaños, entre ellas se encuentra la negociación para la renovación del CGPJ la cual se llevará a cabo en las Cortes Generales, órgano que no propondrá por el turno de juristas a "jueces que no fueron candidatos respaldados por sus compañeros"; y tanto el CGPJ y el Tribunal Constitucional quienes elijan a sus respectivos presidentes "sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo", señala González Pons.
A su vez, González Pons añade que de manera simultánea al proceso de renovación del CGPJ "se presentará una proposición de ley, de forma conjunta por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española", por el que se podrían abarcar puntos como "la derogación de la reforma que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones" o "no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores", refleja en la carta González Pons.
Un punto a tratar es la propuesta que se lanza de "garantías de independencia de la fiscalía general del Estado" donde se pone de manifiesto que "se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores", plasma en la carta González Pons.
Otro de los planteamientos presentados es el incremento de la planta judicial en cuanto a su número de jueces, "se procederá a una adecuación estructural de la plantilla judicial mediante la convocatoria de oposiciones a razón de doscientas plazas más al año" de tal manera que en cinco años se haya incrementado el número de jueces a mil más. Ya que, como bien informa González a Bolaños según los datos estadísticos "reflejan que la litigiosidad está en niveles superiores al inicio de la anterior crisis económica de 2008".
Todos estos planteamientos que expresa Gonzáles en su carta a Félix Bolaños, a su juicio, "servirían para que la nominación de candidatos no sea un mero reparto de cuotas" y que se encuentran desarrollados en su "Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España", la cual fue remitida al Gobierno el pasado 11 de Julio, enuncia González Pons.
