- 'Se postula la existencia de una banca pública pero no se propone la nacionalización de la banca'
El programa autonómico de Podemos, presentado en forma de 215 propuestas y algunos comentarios, representa el final de un proyecto utópico, revolucionario y rupturista, escorzado por ejemplo en el programa previo a las elecciones europeas, y el principio de una andadura de izquierda radical, que podría compararse con la socialdemocracia arcaica anterior a Bad Godesberg, fuertemente estatalizadora y sin embargo compatible en principio con la economía de mercado, aunque muchos de sus postulados generarían un quebranto grave al funcionamiento del capitalismo.
La formación de Pablo Iglesias aterriza así definitivamente en el sistema establecido –y quién sabe si en la casta-, al que acepta adaptarse sin ambages. Quizá la prueba más elocuente de ello, que va más allá de la simple anécdota, es que al proponer una cierta armonización económica y fiscal de las comunidades autónomas, añade que ello se hará “respetando siempre la autonomía competencial y los regímenes forales”. Cualquier formación que se exprese en estos términos ha dejado necesariamente de ser radical y revolucionaria.
Cualquier formación que se exprese en estos términos ha dejado necesariamente de ser radical y revolucionaria.
RADIOGRAFÍA DEL PROGRAMA
La médula del programa es el llamado “rescate ciudadano”, es decir, aquellas actuaciones que rediman a la gente de las consecuencias más negativas de la crisis. Sin embargo, también en este capítulo rompedor Podemos se comporta con exquisita cautela, y así, la Renta Básica desaparece como concepto y es sustituida en la propuesta 11 en un “Plan de garantía de renta” que consiste en reformar, mejorar y coordinar las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las comunidades autónomas. En otras palabras, se mejora lo que ya existe, aproximándolo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), acelerando su concesión y permitiendo que se mantenga cuando el beneficiario comienza a tener ingresos, todavía inferiores al SMI.
Además, Podemos plantea la llamada “ley 25 de emergencia social”, que paralizaría los desahucios que afectasen a deudores de buena fe y garantizaría el suministro básico de electricidad, agua y gas (propuestas 2 a 6); se plantea un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, equivalente a la ley de segunda oportunidad planteada por otras formaciones (propuesta 7); se ofrecen rescates sanitario, educativo, a personas dependientes, etc.
El capítulo 2 del programa se refiere al empleo, la innovación y el nuevo modelo productivo, y es el más característico y definitorio del proyecto global. Por una parte, además de proponer soluciones ya desacreditadas y en todo caso difíciles de aceptar –como la jornada de 35 horas-, ofrece un cambio plausible del modelo productivo que, en sus líneas maestras, resulta inobjetable, entre otras razones porque hemos escuchado propuestas parecidas de Rodrigo Rato y de Pedro Solbes cuando uno y otro fueron responsables de la economía de este país.
De un país que ha ido a menos y que no ha variado sus fuentes clásicas de prosperidad, la construcción y la demanda interna –y así nos ha ido con el estallido de la burbuja y la doble recesión-. Es, pues, saludable que alguien diga, y recuerde a los grandes partidos, que hay que ir a un cambio de modelo basado en la productividad, es decir, en la formación de la mano de obra y en el I+D+i para acometer nuevas actividades de alto valor añadido.
Lo que ocurre es que esta propuesta cabal ser desvanece al conocer el modelo fiscal que postula el partido de Pablo Iglesias (propuestas 38 y siguientes), con el que se supone que piensa financiar el plan de rescate y las demás decisiones de política económica, todas intervencionistas y encaminadas a agrandar sin tasa el tamaño del Estado. El modelo pretende recuperar el impuesto del patrimonio con límites exentos mucho menores; incrementar el tramo autonómico del IRPF –sobre todo a partir de los 50.000 euros de renta anual- y revisar la mayor parte de las deducciones; establecer impuestos medioambientales; potenciar el impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, etc.
No parece que la organización ideada por ese grupo de profesores de política en el que hay algunas mentes brillantes –Iglesias, Errejón, Bescansa, el propio Monedero, etc.- dé mucho más de sí.
Todo esto tiene un aire a ‘déja vu’, aunque con sordina, ya que se bordea el sectarismo colectivista pero sin incurrir en él. Así por ejemplo, se postula la existencia de una banca pública pero no se propone la nacionalización de la banca, que es cosa muy distinta. En esta actitud, recuerda inevitablemente la postura de Izquierda Unida, siempre dispuesta a bordear lo utópico y lo imposible porque nunca se dará el caso de que tenga que aplicarlo en la práctica.
El programa se completa con una serie de medidas contra la corrupción –poco objetable aunque con claras desmesuras (por ejemplo, se fomenta la delación de unos funcionarios a otros en la propuesta 190)- y con algunas propuestas de participación ciudadana de desigual alcance. Y todo ello, falto del rigor que hubiera proporcionado una memoria económica, deja al final de su lectura un regusto propio del típico ‘manual de buenas intenciones’, elaborado por teóricos esmerados que tienen sin embargo escasa experiencia en la práctica de la política y de la administración.
Todo indica, en fin –y las encuestas también- que Podemos, ubicada por la ciudadanía en el 2,2 de la escala ideológica del 0 al 10, terminará ocupando el espacio de Izquierda Unida, que ya ha deglutido en gran parte, con un techo muy evidente que es el que siempre ha tenido esta formación política que engloba al Partido Comunista. No parece que la organización ideada por ese grupo de profesores de política en el que hay algunas mentes brillantes –Iglesias, Errejón, Bescansa, el propio Monedero, etc.- dé mucho más de sí.
Antonio Papell
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