Unidos Podemos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para dificultar las conocidas como 'puertas giratorias' entre la política y las empresas, práctica realizada por numerosos políticos al abandonar sus cargos, como son los casos de Felipe González y José María Aznar, y plantea incluso penas de cárcel de dos a cinco años para aquellos responsables políticos que hayan tomado decisiones "contaminadas" por la actividad privada, un castigo que también podría afectar a las empresas.
La Proposición de Ley Orgánica de prevención de los intereses privados en el sector público, de protección del Estado frente a la corrupción y contra las puertas giratorias no se va a poder aprobar esta legislatura, ya que sólo faltan diez días de que se disuelvan las Cortes Generales con motivo del adelanto de las elecciones generales del 28 de abril.
No obstante, según ha apuntado en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, esta propuesta, en la que han venido trabajando durante un largo tiempo y que previsiblemente volverán a registrar en la próxima legislatura, es fundamental para "revertir la dinámica de corrupción del país" de los últimos años.
"Es una de las insignias programáticas de cada una de las legislaturas en las que hemos participado, una iniciativa parlamentaria para prevenir la contaminación legislativa y del Ejecutivo en cuanto a la práctica de políticas públicas", ha señalado Elizo.
EVITAR CASOS COMO LOS DE AZNAR O GONZÁLEZ
Según ha explicado, existe una normativa "difusa y dispersa" sobre el control de las puertas giratorias que ha permitido, por ejemplo, que expresidentes del Gobierno como Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar hayan trabajado para empresas como Gas Natural o Endesa, que 34 de las 35 empresas del Ibex tengan en sus Consejos de Administración a políticos o que más de 30 cargos del Gobierno de Mariano Rajoy se encuentran en el ámbito privado adoptando decisiones que, ha dicho, pueden afectar al ámbito público.
Con esta proposición Unidos Podemos aglutina toda la normativa que tiene que ver con las incompatibilidades públicas en un único texto (actualmente hay cinco, según ha apuntado) y, entre otras cuestiones, incluye un código de conducta vinculante y un organismo del Estado frente a la corrupción que controlará este tipo de conductas, ha apuntado Elizo.
Pero, además, quiere penalizar las 'puertas giratorias' "para los casos más graves" con una pena de dos a cinco años, un castigo similar al que existe en Francia para aquellas decisiones políticas que tienen que ver con el beneficio particular a una entidad privada. "No puede ser que asumir decisiones políticas contaminadas por la actividad privada no tenga efectos penales", ha confirmado.
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Desde la moción de censura de 2018 se han registrado hasta una treintena de casos en los que altos funcionarios del Gobierno "se han saltado la legislación correspondiente a incompatibilidades", sobre todo en empresas que pertenecen al Ibex 35, ya que 34 de ellas tienen políticos en su consejo de administración, según señala Podemos.
Este dato "demuestra la ineficacia de los mecanismo existentes" que no desvinculan a los cargos públicos "de los intereses de las empresas de donde provienen o donde puedan terminar". La iniciativa presenta reformas legislativas concretas como ampliar a cinco años el periodo de carencia, establecer tres declaraciones patrimoniales o la posibilidad de que ciertos casos de 'puertas giratorias' tengan carácter penal.
