El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha propuesto enviar a juicio a la cúpula del Banco de Valencia por falsear las cuentas de 2009 y 2010 a fin de ocultar un déficit de provisión superior a los 20 millones de euros entre los de riesgo normal y subestándar y los dudosos, motivando que el accionariado siguiese confiando en la entidad hasta acabar perdiendo sus inversiones.
En el auto, Pedraz acuerda el pase a procedimiento abreviado y procesa así a los integrantes del consejo de Administración que aprobó las cuentas de aquel año, incluido su presidente, José Luís Olivas Martínez y el consejero delegado Domingo Parra; así como a los consejeros Celestino Aznar Tena, Antonio José Tirado, José Luís De Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, José Segura, Agnés Noguera, Manuel Olmos, María Irene Girona, Pedro Muñoz y Miguel Monferrer, socio de Deloitte y auditor de Banco de Valencia.
Según expone el juez, las cuentas anuales de 2009 formuladas por el Consejo de Administración en su sesión del 29 de enero de 2010, junto con el informe de gobierno corporativo del año 2009, "suponían ofrecer al exterior una imagen de relativa fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad, habida cuenta que la misma carecía de un plan estratégico, tratando únicamente de evitar la contabilización de activos dudosos y de su correspondiente dotación".
En total, la suma de los déficits de provisión detectados a lo largo de la instrucción asciende para esas fechas en 12.139.000 euros (riesgo normal y subestándar) y 8.400.000 euros (dudosos), "superando ampliamente la cifra de materialidad señalada por la propia auditora en relación al resultado ordinario de Banco de Valencia" y que lo había establecido en 1,1 millones de euros, el 5% del total activo.
Pese a ello, conforme argumenta Pedraz, Olivas Martínez dirigió, desde su posición de Presidente de la entidad "una carta a los accionistas en fecha 10 de febrero de 2010 en que defendía las cuentas, ofreciendo una imagen de confianza en la gestión y de buena salud financiera de la entidad, todo para que las cuentas se aprobasen por éstos, como así sucedió en la Junta General de Accionistas celebrada el día 6 de marzo de 2010", en una situación que "quedó evidenciada" por las inspecciones del Banco de España.
"Al ofrecer una imagen de solvencia al mercado, los accionistas mantuvieron la confianza en la sociedad, lo que produjo la cuasi pérdida íntegra de sus inversiones, no siendo posible conocer la situación real hasta que, el 7 de noviembre de 2011, la CNMV suspendió la cotización bursátil de la entidad, al tiempo que la prensa generalista se hizo eco y dio publicidad a la situación, siendo esta fecha demasiado tarde para que los accionistas previos a tal fecha pudiesen tomar algún tipo de decisión informada al efecto de sus respectivos intereses", explica el instructor.
Junto a los consejeros, el juez propone que se lleve a juicio a una serie de mercantiles en calidad de responsables civiles subsidiarias. Se trata de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, BANCAJA, Operador de Banca Seguros vinculado del Grupo Bancaja S.A., Valenciana de Inversiones Inmobiliarias S.L., Bancaja Hábitat S.L., Bancaja Centro de Estudios S.A., Bancaja Participaciones, BANKIA S.A., Banco Financiero y de Ahorro, Tenedora de Acciones SLU., LIBERTAS 7 S.A., Macomer Inver S.L., Minaval S.L., Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social., Fundación Bancaja y Deloitte.
CAIXABANK NO SERÁ RESPONSABLE CIVIL
Por otra parte, el juez descarta llamar como responsable civil subsidiario del Banco de Valencia a CaixaBank, la entidad que lo absorbió, porque entiende que acreditó un interés legítimo para el ejercicio de las acciones civiles y penales en calidad de acusación particular prácticamente desde su inicio en 2012-2013 y ya se rechazó su imputación por auto del 13 de octubre de 2015, de modo que es firme.
Se trata de otra de las piezas separadas de la macrocausa que sigue el Central 1 sobre la gestión del Banco de Valencia previa a su caída. Precisamente la pasada semana fue juzgado en la Audiencia Nacional Domingo Parra junto a cuatro empresarios a los que según reconoció en su declaración, favoreció con préstamos manipulando los procedimientos internos de la entidad, dejando un quebranto de más de 93 millones de euros.
Olivas, por su parte, se encuentra a la espera de sentencia por las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, entidad de la que llegó a ser vicepresidente tras su paso por Banco de Valencia. La Fiscalía solicitó para él cinco años de prisión por delitos de fraude de inversores y falsedad contable.
