El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un real decreto aprobado por el Gobierno para conceder a la Administración General del Estado la titularidad del panteón del cementerio de El Pardo donde será enterrado Franco y que hasta ahora pertenecía a Patrimonio Nacional.
Según explica el texto, el consejo de administración de Patrimonio Nacional acordó pedir al Gobierno la desafectación de esta cripta el pasado mes de marzo, una vez que trascendiera los planes del Gobierno para exhumar al dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio madrileño de El Pardo.
"Resulta evidente que la concesión de un título de derechos funerarios sobre una unidad de enterramiento no se relaciona ni ajusta con los fines a que han de destinarse los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Nacional, según su ley reguladora", argumenta la publicación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cartera que preside Carmen Calvo.
Según dispone la ley, los bienes y derechos adscritos al Patrimonio Nacional están destinados al uso y servicio de la Familia Real. Sin embargo, su consejo de administración puede adoptar las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes.
Por ello, tras la desafectación efectuada por el Gobierno, el panteón donde previsiblemente será enterrado Franco ha dejado de pertenecer a Patrimonio Nacional desde este sábado, al igual que su uso destinado al servicio del Rey, para adscribirse al Estado.
A medidos de marzo, Calvo anunció que los restos del dictador serían exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de El Pardo el próximo 10 de junio, siempre y cuando el Tribunal Supremo no lo suspenda antes como consecuencia del recurso presentado por la familia, al que ha presentado alegaciones la Abogacía del Estado.
Calvo explicó que el proceso se llevará a cabo sin "comunicación ni convocatoria pública" y se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido, ya que el fin es poder "preservar la intimidad" de la participación de la familia y "de los restos del dictador".
La vicepresidenta justificó que, con esta decisión, el Gobierno concluía el proceso abierto para el traslado de los restos del dictador que contempla la Ley de Memoria Histórica, insistiendo en varias ocasiones de que el Ejecutivo ejerce sus competencias con independencia de las decisiones que adopten otros órganos, en referencia al Tribunal Supremo.