Objetivo desconexión: los pasos de Cataluña más allá del referéndum

Aunque el Tribunal Constitucional ha estado parándole los pies al Parlament, Junts Pel Sí y la CUP siguen empeñados en que esta sea la última legislatura catalana ligada al marco constitucional español.

AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Una de las primeras “estructuras de estado” que ha intentado crear el gobierno catalán es la Agencia Catalana de Protección Social. El texto que regirá la seguridad social catalana, y en la que se enmarca, la Agencia para la protección social lleva por nombre ‘Ley integral de protección social catalana’. A partir de ésta, en julio se aprobó que continuase en trámite parlamentario para la creación de este organismo encargado de la protección social y de la gestión de las prestaciones sociales. Además, la Agencia Catalana de Protección Social se ocupará de gestionar los recursos del sistema de servicios sociales y representará al Gobierno en instituciones internacionales en materia de protección social.

El estudio de la creación de este organismo se aprobó con los votos de Junts Pel Sí y la CUP, ya que los socialistas catalanes y Catalunya Sí Que Es Pot apostaban por el desarrollo de las competencias actuales de la Generalitat excluyendo la gestión de las pensiones y de la desocupación. Para la CUP sin embargo, es importante la “creación de estructuras de estado”, tal como afirmó su diputada Mireia Vehí.

El resto de grupos parlamentarios, sin embargo, acusaron a JxSI y a sus socios de gobierno de “estar vendiendo humo”, ya que Cataluña cuenta con otras herramientas para velar por la protección social y las prestaciones de sus ciudadanos.

AGENCIA (INCONSTITUCIONAL) TRIBUTARIA CATALANA

Gestionar sus propios impuestos es una de las demandas del Parlament desde los sectores independentistas. Por esta razón, se creó la Agencia Tributaria de Cataluña. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró el pasado julio que las disposiciones de la ley catalana 3/2015 eran inconstitucionales.

Las partes de la ley catalana consideradas inconstitucionales regulan ámbitos como el plan director de la Administración Tributaria de Catalunya, el servicio meteorológico, el listado de infraestructuras estratégicas para Cataluña, los equipamientos comerciales o el inventario del patrimonio de las administraciones públicas, también declarado nulo.

La ley catalana impugnada preveía la "integración voluntaria" de funcionarios de la agencia en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalitat de Cataluña, algo que el Gobierno consideró que vulneraba el derecho a acceder en igualdad de condiciones a los cuerpos públicos, algo que recoge tanto la Constitución como el estatuto del trabajador, por el que "los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes".

Sin embargo, el Constitucional consideró que la acción de la Agencia de Protección Social era legítima, ya que consideraba que sus competencias se enmarcaban dentro del Estatuto Catalán y en ningún caso de la Seguridad Social.

RÉGIMEN JURÍDICO CATALÁN

La última de las tres leyes independentistas es la del Régimen Jurídico Catalán, llamada de ‘transitoriedad jurídica’ en la hoja de ruta independentista. Esta norma debe servir, según Marta Rovira diputada de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), para permitir "transitar desde el ordenamiento jurídico español a un ordenamiento jurídico propio" de Cataluña, y esto la convierte en inalcanzable para el Alto Tribunal.

Sin embargo, Societat Civil Catalana acusó al Parlament de estar cometiendo un “golpe de estado”. SCC aseguró que el objetivo de la ley es "sustituir el ordenamiento constitucional vigente por una nueva autoridad que trata de imponerse por la vía de hecho, mediante la apropiación de las instituciones que integran nuestro régimen de autogobierno". Por esta razón, pidió al Parlament que no tramitase la ley de transitoriedad jurídica porque JxSí y la CUP pretenden "una instrumentalización inadmisible" de la Cámara que, a su juicio, debe actuar siempre dentro del marco de la Constitución y del Estatut.

Aunque esta es la última ley independentista admitida a trámite por el Parlament, es la más importante. A través de la Ley de Transitoriedad Jurídica se pretende preparar el referéndum y organizar la ‘desconexión’ definitiva de Cataluña. Los partidos independentistas ya han advertido que ante una posible impugnación por parte del TC su argumento es que están “siguiendo un mandato democrático”.

ACCIÓN EXTERIOR

Visibilizar ‘el procés’ alrededor del mundo y buscar apoyos en cualquier lugar del planeta es uno de los objetivos independentistas. Por ese motivo, la Conselleria de Asuntos Exteriores, Transparencia y Relaciones Institucionales, liderada por Raül Romeva, es una de las que más importancia está teniendo en esta legislatura. Con un 107% más de presupuesto, el departamento diplomático de la Generalitat tiene a su disposición más de 64 millones de euros.

Durante este año, la Generalitat prevé aumentar sus ‘embajadas’ a 17. En septiembre, Romeva anunció la apertura de delegaciones en Copenhague, Zagreb, Varsovia y Ginebra. El objetivo, según el responsable de Asuntos Exteriores de la Generalitat, es “explicar Cataluña en el mundo” y también estar presente “donde están los debates”.

Siguiendo con el objetivo de estar “donde están los debates”, Puigdemont, Junqueras y Romeva viajarán esta semana al Parlamento Europeo en Bruselas para explicar el Referéndum Catalán. Se trata de un acto organizado por los eurodiputados Josep-Maria Terricabras, Ramón Tremosa y Jordi Solé en el que los miembros del gobierno catalán quieren hacer “pedagogía del procés”. La intención es que la prensa internacional, los eurodiputados y diplomáticos presentes en Bruselas conozcan de primera mano cuáles son los planes del Gobierno.